El Gobierno apuesta por la transparencia como antídoto contra la corrupción

Madrid, 9 feb.- El Gobierno apuesta por una gestión pública "más austera, eficaz, transparente y responsable" como el mejor "antídoto posible" contra la corrupción y la "mala gestión" de los recursos públicos, con el objetivo de recuperar "el prestigio de lo público" y la "confianza de los españoles".

Así se pronuncia el Gobierno en la comunicación que ha enviado al Congreso con motivo de la celebración del debate del estado de la nación de los próximos 20 y 21 de febrero, el primero de Mariano Rajoy como jefe del Ejecutivo, y al que acudirá con "espíritu abierto, dialogante y receptivo" a las aportaciones de los grupos parlamentarios.

En el extenso escrito, de siete páginas y en el que no hace mención expresa a los recientes casos de corrupción, el Ejecutivo considera que fortalecer las instituciones y mejorar la calidad de la democracia es la mejor garantía para que las reformas puestas en marcha surtan efecto y permitan la recuperación económica y la creación de empleo.

El Ejecutivo subraya que en un momento como el actual, en el que los ciudadanos han dado "una lección de responsabilidad" a la hora de afrontar la crisis, "demasiado larga y demasiado profunda", añade, los ciudadanos exigen de sus gobernantes y representantes "la ejemplaridad que está en la base del vínculo democrático que les une".

"En este propósito, el Gobierno ni puede ni quiere ir solo, en el entendido de que la solidez de nuestras instituciones compete y atañe a todos cuantos forman parte de ellas", agrega el Gobierno, que afirma que trabajar por la "vitalidad democrática" es un "imperativo ético y político".

En este sentido, recuerda que en este primer año de Gobierno se han impulsado reformas de "gran trascendencia", reduciendo las subvenciones de los partidos políticos, incorporando nuevos mecanismos de control de sus cuentas y trasladando a las Cortes el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Una norma que para el Ejecutivo supondrá "un antes y un después" para las administraciones públicas, que se someterán al "escrutinio" de los ciudadanos y que deberán responder legalmente de sus actuaciones, incluso con penas de prisión en los casos más graves, gracias a la reciente reforma del Código Penal.

En la comunicación remitida al Congreso, el Ejecutivo hace un extenso repaso de su gestión en este primer año de Gobierno de Mariano Rajoy, en el que ha tenido que hacer frente a un "intenso deterioro de la economía y dramático incremento del desempleo".

Ante esta situación, el Gobierno reitera que su plan de reformas se ha articulado en tres grandes ejes: consolidación fiscal, saneamiento y reestructuración del sector financiero, y reformas estructurales para dotar de mayor competitividad a la economía española.

Insiste en que restaurar el equilibrio de las cuentas públicas, recuperar el flujo del crédito y favorecer la competitividad y flexibilidad de la economía es el "fundamento para la creación de empleo y bienestar".

En el objetivo de la consolidación fiscal, sitúa también a las comunidades autónomas, "garantes" del buen funcionamiento de una parte importante de los servicios públicos y que han recibido fondos del Estado para asegurar su solvencia financiera.

También en el ámbito de las reformas estructurales destaca la reforma laboral que favorece "la flexibilidad interna como alternativa a la destrucción de empleo" y la mejora de la competitividad de bienes y servicios, gracias a iniciativas como el anteproyecto de ley de garantía de la unidad de mercado.

"El Gobierno no ha sido ajeno a las consecuencias sociales que ha provocado la crisis económica, en particular, entre los sectores más vulnerables", destaca el Ejecutivo, que deja claro que la solidaridad y el reparto equitativo de los esfuerzos no han dejado de ser principios inspiradores de su gestión.

En este punto enmarca las medidas contra los desahucios, la prórroga del Plan Prepara hasta que la tasa de desempleo baje del 20 por ciento y el incremento en un 2 por ciento de las pensiones más bajas.

Para el Ejecutivo, la salida de crisis exige también recuperar la "credibilidad, la reputación y la confianza" exterior, con el impulso de la Marca España y su peso en Europa.

En este sentido, destaca el acuerdo logrado en el reciente Consejo Europeo que convierte a España en un receptor neto de fondos comunitarios, y en el que se ha concedido una "atención prioritaria" a la lucha contra el paro y el crecimiento económico.

El debate sobre el estado de la nación tendrá lugar los próximos días 20 y 21 de febrero, casi dos años después del último debate de este tipo y pasados catorce meses desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa.

Se trata del primer debate de este tipo con Rajoy como presidente del Gobierno -lo hizo seis veces como jefe de la oposición- y del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba como líder del PSOE.