El Gobierno explica indulto parcial a exalcalde corrupto en respuesta a UPyD

Madrid, 20 oct.- El Gobierno ha explicado el indulto parcial a un exalcalde del PP de un pueblo de Málaga condenado por doce delitos de prevaricación urbanística, alegando que el indulto tiene la "capacidad de moldear los posibles efectos penitenciarios sobre los condenados", en una respuesta parlamentaria a UPyD.

La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, preguntó por escrito al Ejecutivo en julio por los criterios que había aplicado para indultar al exalcalde de Valle de Abdalajís Tomás Gómez Arrabal y por si creía que "conceder indultos a condenados por delitos de corrupción sirve para mejorar la imagen de los políticos en España".

En su respuesta, publicada esta semana en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Gobierno subraya la "legalidad" de su decisión y su carácter "parcial".

"El indulto concedido fue de carácter parcial, de forma que con su concesión lo que se ha llevado a cabo es una sustitución de una de las penas impuestas por otra pena", señala el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Gómez Arrabal fue condenado en octubre de 2009 por el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga a penas que sumaban nueve años y medio de prisión -con el máximo de cumplimiento efectivo de tres años- por doce delitos de prevaricación urbanística cometidos entre 2001 y 2004, nueve de ellos continuados.

En su indulto del pasado 29 de junio, el Gobierno conmutó las penas impuestas por "otra única de dos años de prisión, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años", según consta en el Real Decreto.

La respuesta parlamentaria a UPyD hace hincapié en que el indulto deja intactas las penas de inhabilitación para cargo público de diez años por cada delito y en que "no supone una exoneración de la gravedad de los delitos cometidos, ni de su importancia, ni del reproche social que merecen los hechos".

"Delitos como el del exalcalde de Valle de Abdalajís son absolutamente recriminables por la sociedad. Pero la concesión de un indulto tiene la capacidad de moldear los posibles efectos penitenciarios sobre los condenados. No se indulta el delito, pues ha sido cometido y así se ha dictado en sentencia judicial firme, lo que se indulta es una parte de la condena impuesta", argumenta.

Rosa Díez recuerda en su escrito que en su primer año el Gobierno también ha indultado a Josep Maria Servitje, ex secretario general de Trabajo de la Generalitat durante los gobiernos de Jordi Pujol, condenado a cuatro años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos en el "caso Treball".