Lisboa, 13 mar.- El Gobierno de Portugal decidió mandar al Parlamento la ley vetada hoy por el presidente, Aníbal Cavaco Silva, sobre la subida de cotización a un sistema de salud de funcionarios como forma de agilizar su promulgación sin alteraciones.
En Consejo de Ministros, el Ejecutivo liderado por el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), el mismo que el de Cavaco Silva, remitió a la Asamblea de la República el aumento de la cotización del 2,5 % al 3,5 % que pagan funcionarios y pensionistas del Estado a su sistema de salud propio.
La maniobra del Gobierno se interpreta como una manera de evitar el veto del presidente, quien sustentó que el aumento hasta el 3,5 % no se justificaba por los esfuerzos ya llevados a cabo por funcionarios y pensionistas del Estado.
No obstante, la Jefatura de Estado comentó que podría sancionar la ley si incluye una subida no superior al 3 % .
Según las competencias como presidente, el veto de Cavaco Silva es "absoluto" en las leyes elaboradas por el Ejecutivo, pero "relativo" en las normas aprobadas en la Asamblea.
De este modo, si la mayoría de diputados conservadores aprueban la ley vetada tal y como está (un aumento del 2,5 al 3,5 %), el presidente debe promulgar el documento en ocho días.
La única posibilidad de que no entre en vigor inmediatamente sería que Cavaco Silva enviase la ley procedente del Parlamento al Tribunal Constitucional (TC), que ya anuló varios ahorros equivalentes a cientos de millones.
El aumento de la contribución a la Asistencia a la Enfermedad de los Servidores Civiles del Estado (ADSE), los Servicios de Asistencia a la Enfermedad (SAD) y la Asistencia a la Enfermedad a los Militares de las Fuerzas Armadas (ADM) supone un ahorro estatal de unos 133 millones de euros.
El incremento de estos sistemas de salud opcional fue ideado por el Ejecutivo como parte del plan de recortes que sustituía la anulación judicial del corte a las pensiones públicas a partir de los 600 euros mensuales y que suponía un ahorro de 400 millones en las arcas estatales.
La otra medida para cubrir el revés judicial del pasado diciembre fue la ampliación de la base de pensionistas (públicos y privados) a un nuevo impuesto a todos aquellos que recibiesen más de 1.000 euros al mes.
Esta iniciativa, incluida en el Presupuesto rectificativo de 2014 y dirigida a reducir el déficit hasta el 4 %, como pide la troika acreedora, no fue vetada por Cavaco Silva.
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