El Gobierno valenciano dice que "ya está bien" de "infamia, mentira y difamación"

Valencia.- La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, ha reclamado hoy que "ya está bien" de "infamia, mentira y difamación" y de "utilización partidista" de las instituciones valencianas, y ha defendido la "honestidad y la legalidad" de toda la actuación de la Administración autonómica.

La portavoz ha comparecido en rueda de prensa junto a la Abogada general de la Generalitat, Isabel Villalonga, y el Interventor general, Salvador Hernándiz, que han defendido la legalidad de las contrataciones de la Generalitat frente al informe de la Unidad de Auxilio Judicial incluido en el expediente del caso Gürtel que instruye el juez Pedreira, y divulgado ayer por el PSPV-PSOE.

El informe de la Oficina de Auxilio Judicial, que denuncia que en más de medio centenar de operaciones de la Generalitat "se ha vulnerado la ley" con fraccionamientos de contratos para evitar la publicidad y concurrencia, contiene, según el Gobierno valenciano, afirmaciones que resultan "desproporcionadas, infundadas" y, en algunos casos, "falsas".

Sánchez de León ha destacado que el "redactor del informe" es "un cargo adscrito a la vicepresidencia primera del Gobierno de España y hermano de la subsecretaria del Ministerio de Industria".

"No vamos a consentir que se difame con mentiras y con interpretaciones tendenciosas" la actuación del Gobierno y la Administración, ha dicho la consellera, quien ha añadido: "Basta ya" de cuestionar una Administración caracterizada por la "absoluta transparencia", la cual defenderán "donde sea necesario".

Ha insistido en que no ha habido "instrucciones por parte de nadie" para que se contratara con las empresas de la trama Gürtel, ha destacado que el informe sólo analiza "el 0,04% del total de la contratación de la Generalitat" y se ha mostrado convencida de que si se pusieran "los mismos lentes" sobre el resto de adjudicaciones "se podrían detectar" todos los contratos que no se dieron a esas firmas.

Sánchez de León ha explicado que toda la información que se recoge en el informe ha sido enviada por la Generalitat, lo que a su juicio demuestra "la transparencia" con la que actúa esta institución, y ha criticado que se haya hecho una "distorsión generalizada" de la misma con fines "partidistas".

La Abogada general de la Generalitat, que al igual que el interventor no se ha sometido a las pregunta de los periodistas, ha expresado su "más rotunda disconformidad" con el contenido del informe y ha considerado que se ha "extralimitado" en sus apreciaciones.

El informe, ha sostenido, "incurre en graves errores, ya que obvia que cada Conselleria es un órgano de contratación diferente y que la Generalitat ha contratado prestaciones que en la ley de Contratos del Sector Público son calificadas como categorías contractuales distintas".

La Abogacía General de la Generalitat "avala la legalidad de la contratación realizada por la administración del Consell, la cual cumple rigurosamente con la ley de Contratos del Sector Público", ha señalado y ha advertido de que no permitirán que se "difame" o "ponga en duda la legalidad" de actuaciones que han sido objeto de "una rigurosa fiscalización".

Hernándiz, por su parte, ha explicado que los requisitos que se exigieron en estos contratos son los mismos que se piden en "cualquier otra administración" y ha resaltado que en algunos casos "se aporta mayor documentación que la exigida".