El Gobierno ve mañana la reforma local, una ley que no sólo busca austeridad

Madrid, 18 jul.- El Gobierno dará mañana previsiblemente el visto bueno a la reforma local después de modificar algunos aspectos tras las recomendaciones hechas por el Consejo de Estado, que esencialmente no cambian el espíritu de una ley que busca mejorar los servicios y no sólo austeridad.

Los intentos por reformar la administración local vienen de lejos y ya el anterior Gobierno del PSOE lo pretendió sin que diera frutos.

Ahora parece ser que ha llegado el momento y todo hace pensar que mañana el Consejo de Ministros aprobará la reforma local sobre la que el Ejecutivo, los principales partidos y los alcaldes comenzaron a trabajar hace aproximadamente ocho meses.

El anteproyecto de ley de la reforma local pretende, entre otros asuntos, evitar las duplicidades y el desempeño de competencias impropias, así como lograr el equilibrio financiero, para avanzar en la eficiencia y profesionalización en el mundo local, según ha subrayado en varias ocasiones el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

Desde el Gobierno se ha insistido en varias ocasiones en que la reforma busca mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos y que no atiende sólo al ahorro y la austeridad en la administración local.

El texto del anteproyecto fue aprobado el pasado 21 de mayo por la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y remitido al Consejo de Estado, quien en su dictamen sobre la reforma consideró que el cambio supondrá un "marco competencial más estrecho", "una considerable restricción" y el "debilitamiento" de la autonomía municipal.

A pesar de estas apreciaciones hechas por el máximo órgano consultivo del Gobierno, presidido por José Manuel Romay Beccaria, el Ejecutivo se ha mostrado razonablemente satisfecho con su reforma aunque dispuesto a introducir las modificaciones que consideren pertinentes, porque no creen que con ello se vaya a alterar el espíritu de la ley.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considera que el Consejo de Estado ha "avalado la constitucionalidad de la reforma" y ha atribuido las recomendaciones hechas por el mismo a que el objetivo es que la ley dure muchos años.

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma ha sido el del coste estándar, que ahora parece que va a ser sustituido por el coste efectivo que permitirá que los municipios no queden fuera de la prestación de servicios en muchas zonas, de manera que ya no se contemplaría la intervención en municipios de menos de 5.000 habitantes.

En relación a los salarios de los empleados públicos municipales, el Gobierno establecerá una "horquilla de corte" en los Presupuestos Generales del Estado para limitarlos, aunque ello no quiere decir, según ha subrayado Beteta "que se vaya a bajar ni que se vaya a modificar el Estatuto básico de los empleados públicos".

En cuanto al controvertido papel de las diputaciones, Beteta ha asegurado que ocuparán un lugar fundamental como puente y nexo de unión entre los municipios y las administraciones local, autonómica y estatal.

Uno de los actores fundamentales en esta reforma ha sido el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, quien se ha mostrado en "diálogo permanente" con el Ministerio de Hacienda.

Entre las voces más críticas a la reforma, se ha escuchado la del PSOE, que ha llegado a proponer una reforma constitucional para incluir el reconocimiento explícito de la naturaleza política de la autonomía local.

El modelo local socialista destaca la necesidad de señalar el "derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales a ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, así como la inclusión en la Constitución de una cláusula general de competencia municipal y una relación material de competencias que formen parte de la esencia de la autonomía garantizada.

Los sindicatos también se han mostrado contrarios a esta reforma, al considerar que pone en peligro los servicios públicos básicos y provocará la pérdida de miles de puestos de trabajo, y han criticado que el proyecto se haya hecho sin negociar con los agentes sociales.