Alicante, 4 nov.- El hermano de la alcaldesa de Alicante, el abogado José Luis Castedo, y su socio, Javier Gutiérrez, pedirán la nulidad de la pieza del caso Brugal sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, al discrepar de la competencia del juez de las escuchas que destaparon el caso.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la representación legal de Castedo y Gutiérrez presentará un recurso de apelación para la citada nulidad el próximo lunes ante el juzgado que lleva esta rama del Brugal, el de instrucción 5 de Alicante.
El recurso se produce después del auto del titular de ese juzgado, que en octubre avaló las escuchas en torno al PGOU, independiente de lo que pase con las parcialmente anuladas por otros jueces en otras de las piezas separadas del caso Brugal.
El recurso se refiere a la autorización que, en mayo de 2008, dio el juzgado de instrucción 3 de Orihuela para intervenir el teléfono del constructor Enrique Ortiz, principal beneficiado de las supuestas ilegalidades en el diseño del PGOU alicantino.
Castedo y Gutiérrez, socios en el bufete Salvetti, consideran que esas escuchas para investigar presuntas irregularidades en el PGOU de Alicante deberían haber sido autorizadas por un juzgado de la capital alicantina y no de Orihuela, en virtud al concepto de "juez predeterminado".
De esta manera, creen que el juzgado de Orihuela asumió forzadamente la competencia del caso cuando lo correcto hubiera sido dar traslado a Alicante para que el juez destinatario decidiera, al igual que ocurrió en su día con la rama en torno al plan Rabasa, que fue archivada por el juzgado número 6 de la capital.
Las citadas escuchas policiales sobre el teléfono del constructor Ortiz fueron prorrogadas desde Orihuela hasta marzo de 2010, según las mismas fuentes.
Si el recurso de Castedo e Izquierdo prosperara, se anularían las escuchas policiales sobre el teléfono del constructor Enrique Ortiz, considerado por la investigación el principal beneficiado de las supuestas ilegalidades en el diseño del PGOU de Alicante.
La declaración como imputados de Castedo (hermano de la alcaldesa alicantina, la popular Sonia Castedo) y Gutiérrez, exconcejal socialista, se produjo el pasado 26 de octubre.
La investigación señala que el hermano de la alcaldesa y su socio podrían haber presentado y contestado alegaciones al PGOU mediante dos sociedades aparentemente distintas.
Antes que ellos declararon como imputados Ortiz, su esposa, María Manuela Carratalá, y el redactor del PGOU, Jesús Quesada, entre otros, y el magistrado ha citado a siete personas más a partir de la tercera semana de noviembre.
La investigación apunta a supuestas ilegalidades en el PGOU por un presunto trato de favor de la alcaldesa Castedo y su predecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, a favor del constructor Enrique Ortiz, propietario de la mayor parte del suelo del término municipal.
La alcaldesa y Díaz Alperi figuran en la investigación como implicados y sólo podrían ser imputados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por su condición de aforados, al ser diputados autonómicos en Les Corts Valencianes.
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