El juez de Púnica concluye la instrucción sobre la financiación del PP de Aguirre

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha puesto fin a la instrucción sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, una de las líneas de investigación que se ha practicado durante años en el marco de la macrocausa de corrupción 'Púnica' y que mantiene imputados a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, así como exaltos mandatarios como el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados. El magistrado ha acordado no prorrogar por más tiempo esta causa al considerar que ya no quedan más diligencias por practicar, por lo que el próximo 29 de enero "la instrucción se ha de dar por finiquitada".

Así lo ha acordado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en un auto dictado este mismo martes, al que ha tenido acceso La Información, en el que rechaza ampliar el tiempo de instrucción que han solicitado algunas de las partes, entre ellos los investigados José Martínez Nicolás,  exconsejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid, o Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad; o las acusaciones ejercidas por la propia Comunidad de Madrid y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), en representación del PSOE. En oposición a la prórroga se han manifestado una decena de partes personadas, mientras que otras ni siquiera han informado sobre su postura al respecto, como la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado mes de octubre ya anunció que no pediría más plazo para seguir recabando pruebas.

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El juez García Castellón decidió hace tres meses extender las pesquisas causa hasta este próximo 29 de enero debido a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le obligó a tomar declaración a siete investigados y dos testigos. Además, por entonces la misma Sala tenía pendiente resolver los recursos contra la formación de la pieza separada número 13, después de que el exacalde de Majadahonda Guillermo Ortega -condenado por la primera época de actividades de la trama Gürtel- aportara una serie de facturas de su etapa como gerente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo que acreditarían "un sistema de facturación impuesto" para "satisfacer necesidades económicas" de la formación política madrileña que lideraba Aguirre.

Ante la cercanía de la fecha para que la última prórroga expire, y contando con que todos los interrogatorios ya se han practicado y que la Sala ha revocado la formación de una nueva línea de investigación, lo que en la práctica significa que toda la documentación aportada por el exalcalde madrileño se debe incorporar a la pieza abierta sobre la presunta caja 'b' del PP de Madrid, el juez García Castellón volvió a preguntar a las partes su opinión. Así, tras hacer un repaso de todas las peticiones realizadas, el magistrado instructor afirma que no cabe ordenar nuevas actuaciones porque "la instrucción ha finalizado". "Este instructor considera que las diligencias practicadas son suficientes y que no debe prolongarse, de modo indebido, el ya sobradamente añejo plazo de investigación de esta pieza", reza el auto.

Los avisos de la Sala de lo Penal

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ya lanzó en marzo de 2021 un ultimátum al juez para que cierre la investigación de la presunta caja 'b' del PP de Madrid. Pero el pasado mes de noviembre, también le recriminó su actuación por ampliar  otra de las líneas indagatorias del 'caso Púnica', la centrada en la etapa de Francisco Granados como consejero de la Comunidad Madrid. En este sentido, dejó sin efecto esta decisión al considerar que el magistrado instructor se había basado en un "futurible" ante la posibilidad de tener que ordenar la prácticas de nuevas diligencias, lo que haría "harto difícil dar por concluida la instrucción en momento alguno".

Ahora, García Castellón se apoya en este argumento de la Sala para descartar las pruebas que algunos investigados han solicitado y añade que "en fase de instrucción no tienen que practicarse todas y cada una de las diligencias solicitadas por las partes, sino que únicamente se adoptarán las que se reputen necesarias, pertinentes y útiles al buen fin de la investigación". En este sentido, tampoco acepta la previsión de recabar más pruebas tras conocerse el resultado de algunas que aún sigue en trámite, como indicó Adade en su escrito, en el que recordó que aún queda por recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el análisis de las facturas entregadas por el ex 'popular' Guillermo Ortega.

Asimismo, la acusación popular indicaba en su escrito que el exalcalde de Majadahonda no podía hacer efectiva su intención de colaborar con la Justicia, ya que el centro penitenciario en el que se encuentra no ha puesto a su disposición un ordenador y la documentación en la que se basa su denuncia para su análisis. Sin embargo, el juez García Castellón afirma que no cabe la posibilidad de dilatar más el proceso por "un simple voluntarismo" de Ortega y a la espera de que éste haga "un hipotético análisis de una documentación". A ello añade que las conclusiones de la UCO no serán determinantes, ya que en la causa constan suficientes elementos para decidir si propone juzgar a los investigados o archivar la causa.  Por ello, el magistrado concluye que "la excesiva prolongación de la presente instrucción no puede ser ampliada con base en unas alusiones tan vagas, genéricas e indiscriminadas como las contenidas en dicha petición".

Tras el cierre de la instrucción, el juez tendrá que dictar un auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado en el que indicará contra qué investigados hay suficientes indicios delictivos para llevar a juicio por estos hechos. También podrá acordar el sobreseimiento de la causa, como ya hizo en abril de 2021 con respecto a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y expresidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.