El juez imputa a la infanta en el caso Nóos y la fiscalía lo recurrirá

  • El juez ha imputado hoy a la infanta Cristina en el caso Nóos, decisión que será recurrida por la fiscalía, al apreciar indicios de que pudo consentir que su parentesco con el rey fuera usado por su esposo Iñaki Urdangarin en las presuntas actividades ilegales de la entidad.

Palma, 3 abr.- El juez ha imputado hoy a la infanta Cristina en el caso Nóos, decisión que será recurrida por la fiscalía, al apreciar indicios de que pudo consentir que su parentesco con el rey fuera usado por su esposo Iñaki Urdangarin en las presuntas actividades ilegales de la entidad.

Tras la imputación, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que recurrirá la decisión del juez, por considerar que no existen indicios criminales que relacionen a la infanta Cristina con las actividades del Instituto Nóos.

La Casa del Rey ha expresado su "sorpresa" por "el cambio de posición" del juez instructor al tiempo que ha mostrado su "absoluta conformidad" con la fiscalía.

Aunque el Gobierno y el PP han decidido guardar silencio por el momento ante la imputación, el sentimiento general de las fuerzas políticas de la oposición ha sido el de que esta imputación demuestra que la Justicia es "igual para todos".

El juez José Castro, que ha citado a declarar a doña Cristina el 27 de abril, ha dictado un auto de diecinueve folios en el que señala que la infanta podría haber incurrido en "un supuesto de cooperación necesaria" o "complicidad" en los delitos que se atribuyen a Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

En la causa se investiga el presunto desvío de más de 6 millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido en su día por el esposo de la infanta.

Los delitos que se imputan a Urdangarin y Torres son falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.

A diferencia de la unidad de criterio mantenida hasta ahora con el juez, el fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach recurrirá esta nueva imputación y mantendrá la postura que ha defendido a lo largo de la investigación, en la que siempre se ha mostrado contrario a la imputación de la infanta al estimar que no hay motivos para ello.

La intención del juez, según recoge el auto, es despejar la duda de si la infanta conocía el presunto uso que hacía Urdangarin de su presencia como vocal en el Instituto Nóos y de la participación en un 50 % en la empresa Aizoon SL, para conseguir contratos de entidades públicas y privadas.

En opinión del juez instructor, no citarla sería "un cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos", además de una contradicción con la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales.

En concreto, los referidos indicios proceden de la declaración de Diego Torres, de los numerosos correos electrónicos aportados a la causa por éste y de la versión ofrecida en sede judicial por el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, también imputado.

Castro considera dudoso que empresas e instituciones se hubieran "aquietado tan pacíficamente" a las proposiciones de Urdangarin y Torres "sin contar con el aparente y consensuado refuerzo de la Casa de S.M. el Rey", que "intencionadamente se hacía desprender" de que en la junta directiva de Nóos figurasen los nombres de la infanta y García Revenga.

Sin embargo, en una rápida reacción, la Fiscalía ha insistido en que no ve ningún indicio contra la infanta ya que las últimas declaraciones, investigaciones y correos no han aportado prueba alguna que avale una supuesta intervención en los negocios del duque de Palma.

De hecho, el 5 de marzo de 2012, el juez rechazó la imputación, también con el apoyo del fiscal, en un auto en el que desechaba la solicitud del sindicato Manos Limpias, que recurrió esta decisión en reforma y apelación. El 12 de julio de 2012 la Audiencia de Palma confirmó la decisión del juez.

La citación de hoy de la infanta por parte del juez no es firme y, por tanto, podría aplazarse, suspenderse o revocarse.

El juez pretende poner punto final a casi tres años de investigaciones con la citación de la infanta, quien deberá acceder a los juzgados de Palma por su ya famosa rampa dos meses después de que lo hiciera su marido ante un numeroso grupo de periodistas.

José Castro, cordobés de 67 años, es un veterano de la carrera judicial con fama de inexorable y discreto y se ha convertido en protagonista de la reciente historia de los tribunales españoles con la instrucción de este caso, si bien también es conocido por haber llevado a juicio al expresidente balear Jaume Matas.

La imputación conocida hoy coloca a la hija menor del jefe del Estado en una delicada situación, inédita en la historia reciente de España, y que a partir de ahora deberá afrontar la Casa del Rey, inmersa en un proceso para mejorar su comunicación pública y avanzar en la transparencia.

Los partidos políticos han expresado su respeto hacia las decisiones judiciales, con la convicción de que la Justicia es igual para todos. EFE

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