El precedente del caso Falciani enreda la extradición de Anna Gabriel desde Suiza

Tal y como había anunciado, la exdiputada catalana y exlíder de la CUP, Anna Gabriel, no ha comparecido esta mañana ante el magistrado del Supremo Pablo Llarena para declarar como imputada en la causa que se lleva en el alto tribunal por el proceso soberanista que culminó con la declaración de independencia de Cataluña del 27 de octubre. Ahora, Llarena, deberá decidir ahora si emite una orden internacional de detención contra ella e inicia los trámites para solicitar su extradición a Suiza, el país en el que se ha instalado.

Cabe recordar que la última aplicación con relevancia mediática del tratado de extradición entre España y Suiza fue el caso Falciani. La Audiencia Nacional denegó en 2013 la entrega del informático francoitaliano a ese país, donde se le acusaba de revelación de secretos y vulneración del secreto bancario por haberse llevado del HSBC Private Bank de Ginebra, donde trabajaba, los datos de decenas de miles de presuntos evasores fiscales de todo el mundo. España denegó la extradición al considerar que, según la ley antiblanqueo española, Falciani estaba obligado a denunciar a esas personas.

En cualquier caso, el proceso no será nada fácil, ya que desde Suiza se ha advertido a España que no permitirá una extradición de la líder independentista por puros motivos políticos. A esa complicación extra se unen los plazos y los requisitos que es necesario cumplir para completar un proceso de extradición de este calibre y con el impacto mediático que supone en toda Europa. Otras fuentes jurídicas han advertido que la definición que se hace en el ordenamiento de los delitos de sedición y rebelión es muy similar a la española, algo que debería facilitar el proceso.

La decisión de huir solo ha agravado la situación procesal de la exparlamentaria de la CUP. Gabriel fue llamada a declarar el pasado 1 de febrero en una tanda de interrogatorios en la que han participado la exportavoz de ERC Marta Rovira, la coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, el expresident Artur Mas, la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras y la también exdiputada de la CUP Mireia Boya. Llarena no ha acordado prisión para ninguno de ellos y solo ha reclamado una fianza de 60.000 euros para Rovira.

Con esos antecedentes, lo previsible era que Llarena tampoco acordara ninguna medida cautelar contra ella, dado que, como su excompañera de grupo Boya, ninguna de las dos tenía funciones gubernamentales ni participaba en los órganos de gestión del Parlament. Al contrario que los imputados que habían comparecido con anterioridad ante Llarena y que trataron de quitar hierro a la declaración de independencia (calificándola de simbólica) y renegaron de la vía unilateral hacia la república catalana, Boya aseguró que el proceso “buscaba la independencia real” aunque la aplicación del 155 de la Constitución por el Gobierno central la hizo imposible. Pese a ello, la fiscalía no reclamó ninguna medida cautelar contra ella ni el juez la acordó.

Riesgo de fuga

Ahora el juez del Supremo puede reclamar la extradición de Gabriel a Suiza por su incomparecencia. En caso de que la consiga, su huida a Ginebra podría ser considerada como “riesgo de fuga” uno de los motivos que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar la prisión provisional. Así pues, la decisión de viajar a Suiza de la exportavoz de la CUP constituye poco menos que un ‘suicidio judicial’. Gabriel y el resto de imputados llamados a declarar junto a ella estos días comparecieron después de que un informe de la Guardia Civil los señalara como responsables del comité estratégico del ‘procés’ por aparecer como tal en el documento Enfocats.

Por otro lado, tras su incomparecencia en la Audiencia Nacional el pasado 3 de noviembre, la juez Carmen Lamela ordenó la busca y captura e ingreso en prisión incondicional del expresidente Carles Puigdemont, huido a Bélgica, y de otros cuatro exconsejeros que escaparon con él. Sin embargo, al asumir el caso el Supremo, Llarena decidió levantar la orden europea de detención para evitar que Bruselas los entregara con la condición de que solo se les pudiera juzgar por delitos menos graves.