Madrid.- La Audiencia Nacional tiene previsto concluir esta semana el juicio a veinte miembros de la asamblea de electos de Batasuna, Udalbiltza-Kursaal, para los que la Fiscalía pide penas de entre 10 y 15 años de cárcel por los delitos de integración en ETA y malversación de caudales públicos.
El juicio, que comenzó a celebrarse el pasado 15 de julio, se reanudará mañana con la exposición de las conclusiones definitivas del fiscal Juan Moral, que reclama diez años por pertenencia a la banda terrorista para todos los acusados y otros cinco más para cuatro de ellos -Joseba Mikel Garmendia, Loren Arkotxa, Xabier Alegría y Xabier Iragorri- por malversación de fondos públicos.
Tras la intervención del representante del Ministerio Público, serán las acusaciones y las defensas las que informen sobre si modifican o no sus conclusiones provisionales, y a continuación el fiscal expondrá su informe final.
La vista oral está señalada hasta el próximo miércoles, día en el que está previsto que concluya el juicio después del turno de última palabra de los veinte acusados.
Inicialmente eran 22 los procesados, pero en la primera jornada del juicio la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional dictó una orden de busca y captura contra Charles Etxecaharreta, que no compareció ante el tribunal, y absolvió a Miriam Campos al entender que ya ha sido juzgada y cumple condena por el delito de integración en ETA del que era acusada.
Además de las penas de prisión, el fiscal reclama que se decrete la clausura definitiva de las entidades Udalbiltza-Kursaal, Udalbiltza Partzuergoa y Euskal Garapen Eta Cohesio Fondoa, "sus locales y establecimientos, la disolución de las mismas, y la prohibición de realizar actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase que fueren".
Estas sociedades fueron creadas para gestionar los fondos que se desviaban desde los 62 ayuntamientos que, al menos en 2002, pertenecían a Udalbiltza, que aportaban bien el 1 por ciento de sus presupuestos anuales o bien el 1,4 por ciento de sus ingresos ordinarios, y para la captación de subvenciones públicas.
Sin embargo, durante sus declaraciones, los acusados aseguraron que la entidad "no seguía directrices" de ETA, aunque algunos admitieron que buscaba el "reconocimiento" de la nacionalidad vasca, y otros incidieron en que la entidad era "plural" y que entre sus objetivos no estaba el de buscar la construcción de un "gobierno paralelo con sus ministerios".
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