El menor de Zamora admite que violó y asesinó a Leticia Rosino, de 32 años

El chico de 16 años acusado de agredir sexualmente y asesinar a Leticia Rosino, una mujer de 32 años de Castrogonzalo (Zamora), ha reconocido su autoría y el Juzgado de Menores de Zamora ha dejado visto para sentencia el caso.

En el juicio, que se ha prolongado durante una hora y cuarto, han declarado los forenses, guardias civiles y peritos, pero no han tenido que hacerlo familiares de la víctima al quedar los hechos acreditados sin que fuera necesario su testimonio, según ha indicado el abogado de la acusación particular, Miguel Ángel Martín Anero.

Para el letrado, ha quedado corroborado que el menor cometió el asesinato y la violación cuando estaba en plenas facultades mentales, por lo que al igual que el Ministerio Fiscal ha pedido la medida máxima que contempla la ley, ocho años de internamiento en régimen cerrado y cinco más de libertad vigilada.

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Además, la acusación particular que representa a los familiares de la víctima ha solicitado una indemnización de 226.000 euros y que durante el tiempo de la libertad vigilada el menor no pueda acercarse a las localidades zamoranas de Tábara y Castrogonzalo, donde reside la familia de Leticia Rosino.

El joven ha llegado al juzgado a las nueve y media de la mañana, donde cerca de un centenar de personas le han increpado y dos de ellas han saltado el control policial para intentar agredirle, aunque no lo ha conseguido.

A la entrada al edificio que alberga la sala de vistas, el menor ha pasado por delante de las pancartas que han colocado a las puertas del inmueble familiares y amigos de Leticia Rosino, la mujer de 32 años de la que el adolescente es autor confeso del crimen.

Los familiares y amigos de la víctima mortal se han desplazado a Zamora desde Tábara, la localidad natal de Leticia Rosino; y desde Castrogonzalo, donde residía la mujer y donde se cometió la agresión sexual y el asesinato el pasado 3 de mayo.

Los familiares han coincidido en pedir un endurecimiento de la Ley del Menor, ya que consideran insuficientes los ocho años de internamiento en régimen cerrado y cinco más de libertad vigilada que se contemplan, como máximo, la normativa.