El PERTE del campo vuelve a olvidar al agricultor: "No esperamos ayuda útil"

El nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación del sector agroalimentario, conocido como el PERTE del campo, ha echado a andar esta semana con la publicación de las bases sobre las que se realizarán las convocatorias para entrar en los diferentes proyectos que contempla, pero sigue sin convencer a las principales organizaciones agrarias, que ven en el planteamiento un vuelco hacia la industria y la comercialización de los alimentos, más que un apoyo claro a los productores del campo, el primer eslabón de la cadena alimentaria que teme quedar de nuevo fuera del reparto de los millones. Tanto desde instituciones como Asaja o las Cooperativas Agrarias, menos afines con el Gobierno del PSOE, como del lado de UPA o Coag, que son más del entorno socialista, la crítica es unánime y el escepticismo sobre la validez del PERTE para solventar los problemas del campo es la tónica reinante. 

Las bases aprobadas esta semana ponen en marcha, hasta final de año, la primera parte del PERTE con 500 millones de euros en ayudas a fondo perdido, que serán adjudicados en las convocatorias que se vayan sacando para proyectos concretos a las que se pueden apuntar las empresas interesadas. Se trata de un primer tramo de los 1.800 millones totales que tiene el plan, una vez ampliado en mayo pasado, pero desde organizaciones como las Cooperativas Agrarias o Asaja advierten que se trata de medidas dirigidas a fortalecer el tejido industrial de la cadena proveedora de alimentos, supuestamente con el fin de ayudar al desarrollo de las zonas rurales, pero que repite el mismo fallo de siempre: "No protege al pequeño y mediano agricultor, sino a las grandes industrias".

A su entender y a la espera del desarrollo concreto del PERTE, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo comunica estas nuevas subvenciones como una posibilidad para modernizar el campo, pero lo cierto es que las concesiones tienen requisitos estrictos y, por ejemplo, solo se ofrecen a "grandes cooperativas" de, por lo menos, seis empresas que abarquen como mínimo dos comunidades autónomas, y eso entre los pequeños y medianos productores españoles será muy difícil de organizar y dejará a mucha gente fuera, que prefiere sobrevivir a complicarse tanto la vida. 

Asaja considera que el plan del Gobierno es "otro lastre para la situación cada vez más complicada de los agricultores", porque los fondos se dirigen casi en su totalidad a la industria agroalimentaria, a herramientas de sanidad animal o a la digitalización rural, pero en términos muy globales y abstractos. “Consideramos que el agricultor verá muy de lejos estos fondos”, cuando la situación es ahora desesperante para el productor o el ganadero de a pie que no tiene financiación ni para sus propias explotaciones. Según su valoración, la importancia que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo le da a este nuevo PERTE se aleja de la realidad, porque los únicos beneficiados son los grandes de la industria, dado que no repercute ni circular ni directamente en la economía agraria.

Las organizaciones agrarias advierten que los más necesitados y olvidados son los trabajadores del tramo productor, un sector en el que, por otro lado, existe muy poco nivel asociativo. El problema que ven es que el Gobierno plantea estos planes asumiendo que los pequeños productores se asociarán para acceder a las ayudas, pero esta estrategia no puede más que fracasar, pues unirse entre más de seis empresas de mínimo dos comunidades autónomas distintas parece casi imposible para el sector. 

No tenemos expectativas ni confianza en que el PERTE mejore nuestra situación

Así reacciona esta asociación de agricultores que tenía grandes expectativas con los fondos europeos por las promesas para ayudar a paliar la situación catastrófica de esta temporada. Este año se ha juntado varias causas que han afectado gravemente al rendimiento, entre ellos, el aumento de los costes de producción, además de la nueva normativa que no permite a los agricultores acotar sus precios de mercado, que ya les vienen impuestos. Y todo ello se suma a la merma en la productividad de este año debido a las sequías y las restricciones en el consumo de agua para los cultivos.

UPA y Coag tampoco lo ven claro

Los pequeños agricultores también reclaman ajustes más específicos dependiendo de los cultivos más afectados de la temporada. Denuncian que, por ejemplo este año, la cosecha de cereales se ha reducido en un 30%; también el girasol y, consecuentemente, su aceite ha salido mal parado por el aumento de costes en la producción agraria. “La situación es cada vez más complicada, hemos perdido mucha producción y no esperamos ayudas individuales”, advierten.

En ese sentido, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) confirma que el PERTE ha perdido de vista a los trabajadores del campo puesto que las ayudas, si llegan, son muy indirectas y están enfocadas principalmente a la industria. Los consorcios y las cooperativas ya criticaron anteriores proyectos agrarios por no incorporar a los agricultores en las negociaciones y creación de los préstamos y, este nuevo plan, también ha sido liderado por las industrias, especialmente por el sector privado quienes son los mayores inversores de este sector, por tanto tampoco este año se han solucionado las quejas de las asociaciones. Y en esa misma línea, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag), otra de las asociaciones mayoritarias del sector primario, coincide en que no existe una gran emoción y no se esperan grandes mejoras.