El nuevo presidente del Supremo salvadoreño asume mañana en medio de crisis

  • El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, Ovidio Bonilla, asumirá mañana en medio de la crisis institucional desatada entre éste órgano y el Legislativo por la anulación de su elección y la de otros magistrados y del fiscal general.

San Salvador, 15 jul.- El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, Ovidio Bonilla, asumirá mañana en medio de la crisis institucional desatada entre éste órgano y el Legislativo por la anulación de su elección y la de otros magistrados y del fiscal general.

Bonilla llegará este lunes la presidencia del Supremo, a pesar que el titular saliente, Belarmino Jaime, ha asegurado que dejará su cargo a Florentín Meléndez, primer vocal de la Sala de lo Constitucional, debido a que la Sala declaró inconstitucional su elección y porque la ley establece que en ausencia del presidente quien debe asumir es el primer vocal.

Esta será la segunda toma de posesión un poco irregular que se dará en el Supremo, pues el pasado 1 de julio, los otros magistrados, cuya elección también fue anulada al igual que la de Bonilla, asumieron sus cargos en una sesión a la que no asistió Jaime.

Desde entonces el Supremo ha seguido funcionando con cierta normalidad.

El conflicto entre el Legislativo y el Judicial inició el 5 de junio, cuando la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional las elecciones de los magistrados realizadas en 2006 y el 24 de abril de este año.

Se profundizó más el martes pasado, cuando la misma Sala también anuló la elección del nuevo fiscal general, Astor Escalante, electo en la misma fecha que los magistrados de este año.

En ambos casos, fueron electos por el Parlamento que funcionó hasta el 30 de abril y fue sustituido por uno nuevo el 1 de mayo.

La Sala de lo Constitucional en sus resoluciones argumentó que una misma legislatura sólo puede elegir esos cargos en una ocasión por lo que ordenó elegir de nuevo al fiscal y los magistrados.

La Asamblea Legislativa, que ha desconocido ambos fallos, acudió a la Corte Centroamericana de Justicia, que el 21 de junio dictó la suspensión de las sentencias sobre los magistrados hasta emitir una resolución definitiva, una decisión que, a su vez, el máximo tribunal salvadoreño también desechó.

La crisis entre el Legislativo y el Judicial se agudiza cada día más a pesar de los distintos llamados de organismos internacionales y locales para solucionarla, y todo indica que mañana no será la excepción.

Desde el viernes las instalaciones del Supremo han sido ocupadas por unos sindicalistas judiciales para permitir que Bonilla pueda asumir sin ningún problema e impedir que Meléndez lo haga.

Roswald Solórzano, secretario del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), dijo a periodistas que desde el sábado han comenzado a llegar personas en apoyo a Bonilla y que para el lunes "se esperan marchas y movilizaciones en apoyo y rechazo, esperamos que no impere la violencia", aunque indicó que están listos para "repeler cualquier ataque".

La Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador, Estados Unidos, la iglesia católica, entre otros, han hecho llamados a las dos instituciones involucradas a solucionar el conflicto para garantizar el Estado de Derecho de este país.

Este domingo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, en su tradicional misa dominical, dirigida desde la Catedral Metropolitana de San Salvador, pidió a los feligreses orar "por la situación crítica" que esta viviendo el país y porque el Legislativo y Judicial encuentren una solución al conflicto.

Además, en su tradicional conferencia, apeló al "buen juicio" de los diputados para que acaten las sentencias de la Corte, pues lo que éstas cuestionan no es a los magistrados electos sino la forma de como los eligieron, destacó.

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, reafirmó el sábado que "la salida tiene que ser política".

Asimismo, el sistema de las Naciones Unidas pidió a las instituciones "responsables" solucionar las diferencias, porque si continúan igual "podrían acarrear graves consecuencias para el mantenimiento del Estado de Derecho en el país".

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