Madrid.- El PP defenderá esta semana en el Congreso su propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular la interceptación de comunicaciones, en la que plantea que no se puedan grabar las conversaciones entre abogado y cliente, como ha ocurrido en el "caso Gürtel", salvo que haya indicios de delito.
El PP mantiene que la proposición de ley orgánica que se votará en el pleno del próximo martes nada tiene que ver con la investigación de la trama de corrupción en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y que pretende cubrir las lagunas legales que a su juicio existen en la regulación de las escuchas telefónicas.
El objetivo de los 'populares' es "fijar los límites" de la capacidad del Estado para intervenir en la intimidad de los ciudadanos gracias a una mayor autoridad del juez.
La iniciativa se debatirá después de que el Congreso rechazara en noviembre otra proposición del PP que pretendía regular el Sistema Integral de Interceptación Legal de las Comunicaciones (SITEL) que utiliza la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para grabar a posibles "sospechosos".
En el texto de la nueva propuesta se afirma que el juez podrá decretar la interceptación de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas y electrónicas cuando haya constancia de la existencia de hechos que puedan constituir delitos graves y existan datos objetivos de que las grabaciones son necesarias para descubrir circunstancias relevantes en la investigación.
Según lo que proponen los populares, el juez no podrá decretar "la interceptación de las comunicaciones de un abogado con su cliente, ni de un periodista con su fuente de información, salvo cuando existan datos objetivos de participación directa del abogado o periodista en los hechos delictivos investigados".
Dicha interceptación podrá afectar al contenido de las comunicaciones y a los datos asociados a los mismas, que deberán destruirse al finalizar el proceso judicial, y antes de levantar el secreto de las actuaciones, el juez deberá ordenar la eliminación de la información que sea irrelevante para la causa.
El debate tendrá lugar el martes en el Congreso mientras el Tribunal Supremo (TS) instruye la querella presentada por el abogado de uno de los imputados contra el juez Baltasar Garzón por ordenar las escuchas a varios de los imputados en el "caso Gürtel" en prisión y a sus abogados.
En el marco de esta investigación, el magistrado del TS Alberto Jorge Barreiro, instructor de la querella, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid una copia de la causa.
Entre la documentación solicitada por Barreiro figura el "testimonio de todas las actuaciones practicadas" en el proceso judicial "desde su inicio hasta el auto de 20 de abril de 2009", que acordó la prórroga de las escuchas telefónicas.
Además, ha pedido información sobre "las fechas en que se inició y finalizó la intervención de las comunicaciones en prisión entre Pablo Crespo -considerado el 'número dos' de la trama- y sus abogados, y si en ese periodo se le tomó declaración como imputado.
El abogado que se querelló contra Garzón, Ignacio Peláez, amplió el pasado 24 de mayo la querella a las fiscales de la causa, Concepción Sabadell y Miriam Segura, por avalar las escuchas telefónicas.
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