El PP toma nota de las quejas de Torres-Dulce, respaldadas por la oposición

  • PSOE e IU han coincidido hoy con el fiscal general del Estado en que la justicia está siendo lenta en los casos de corrupción, el PP ha dicho que "toma buena nota" de sus recomendaciones, mientras que los fiscales han instado al Gobierno a reaccionar ante sus quejas sobre impunidad y falta de medios.

Madrid, 24 abr.- PSOE e IU han coincidido hoy con el fiscal general del Estado en que la justicia está siendo lenta en los casos de corrupción, el PP ha dicho que "toma buena nota" de sus recomendaciones, mientras que los fiscales han instado al Gobierno a reaccionar ante sus quejas sobre impunidad y falta de medios.

En su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, propuso revisar el actual modelo de instrucción judicial de los casos de corrupción para hacerla "más sencilla, ágil y rápida", y se quejó de la "precariedad" de medios que hace su tarea "poco menos que titánica y destinada al fracaso".

La Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales creen que el Gobierno debería reaccionar ante las quejas sobre impunidad y falta de medios en la lucha contra la corrupción del fiscal general del Estado.

Ambas asociaciones han coincidido con Torres-Dulce en reclamar más medios para las fiscalías provinciales, donde se ventilan más del 80 por ciento de las causas de corrupción, para evitar que las investigaciones se alarguen y den como consecuencia la impunidad de comportamientos que el fiscal general tildó de "muy graves".

En declaraciones a Efe, el portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con las reclamaciones de Torres-Dulce y ha dicho que espera que el Gobierno reaccione "sacando del cajón" antes del final de la legislatura algunas de las reformas prometidas, como el aumento de plantilla de fiscales o la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"El fiscal general del Estado no es cualquiera, es el cuarto poder de la Nación. Lo que él dice es muy importante y el Ejecutivo y el Legislativo deberían correr ante sus reclamaciones. Si no lo hacen, entonces sí tenemos un problema muy importante", ha señalado también a Efe el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz.

Ambas organizaciones han puesto el acento sobre la necesidad de que la policía judicial dependa directamente del fiscal, que es quien a su juicio debería definir las líneas de la investigación, evitando así, a juicio del portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, "controles partidistas".

Desde el PSOE, su portavoz en la Comisión Constitucional, Ramón Jáuregui, ha dicho que coincide con Torres-Dulce en que la justicia está resultando "demasiado lenta" en su actuación contra la corrupción.

De ahí, ha añadido, la sensación que tiene la ciudadanía de que la represión de los problemas de corrupción y de sus responsables "no es suficientemente rápida o no es suficientemente severa".

El también 'número dos' de la lista europea del PSOE ha apuntado en este sentido que más que elevar las penas, que ya son "bastante severas", hay que "unificar el sistema de medios que tiene la justicia" contra la corrupción para que sea "más rápida" y las penas "se cumplan mejor".

El líder de IU, Cayo Lara, ha respondido al fiscal general del Estado afirmando que hay que acabar con "el bucle" de la corrupción y para hacerlo hay, ha señalado, que "instruir con celeridad, juzgar con celeridad y condenar con celeridad".

"Tómense medidas y no se cuente", ha subrayado Lara tras asegurar que el Gobierno tiene los medios y los recursos para adoptar las iniciativas necesarias que permitan acabar con la corrupción, pero no la voluntad para hacerlo.

A la lentitud judicial en la corrupción se ha referido también el portavoz de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, quien ha considerado una "irregularidad manifiesta" la de la investigación por los ERE en Andalucía porque, a su juicio, el proceso está durando "años" con la "pena de banquillo" que ello supone para muchos cargos públicos.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha asegurado que su partido "toma buena nota" de las advertencias que lanzó Torres-Dulce y ha apostado por mejorar los "sistemas de alerta temprana" y castigar "con mayor dureza" los casos de corrupción.

Ha recordado que se están reforzando las unidades especializadas en este tipo de delitos, aunque ha reconocido que quizá no se puedan atender todas las demandas y ha insistido en que el PP está trabajando en el Congreso para dotar a la Administración de Justicia de todos los instrumentos jurídicos para "desterrar de la vida pública" esos comportamientos.

Esteban González Pons, diputado y número dos de la lista del PP al Parlamento Europeo, ha advertido de que la sensación de "indefensión" que tienen los ciudadanos ante la corrupción puede ser "doble" si responden a su desencanto no participando en política y no acuden a votar.

"Los ciudadanos tienen muchas razones para estar desencantados de la política, están en su pleno derecho y tienen razón", ha admitido el dirigente del PP, quien no obstante ha señalado que ese desencanto no puede significar "nunca" menos participación política.

En su opinión, si la corrupción deja "indefensos" a los ciudadanos, quedan "doblemente indefensos" si no acuden a votar.

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