El presidente regional de Valencia dimite para facilitar el camino a Rajoy

Valencia (España), 20 jul.- Francisco Camps, uno de los máximos dirigentes del Partido Popular español (PP, centroderecha), dimitió hoy como presidente de la región de Valencia (este) tras ser acusado en una trama de corrupción, para no perjudicar las aspiraciones del PP en las próximas elecciones generales.

Camps, de 48 años, anunció su dimisión en una conferencia de prensa en la que se declaró "completamente inocente" de las acusaciones que se le hacen y afirmó que ofrece este "sacrificio personal" para que el líder del PP, Mariano Rajoy "sea el próximo presidente del Gobierno" de España.

La decisión del dirigente regional conservador se produce tras dos años de presiones y en medio de una fuerte polémica que apuntaba a la dirección del PP después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anunciara el 15 de julio que Camps será juzgado por cohecho pasivo impropio en la conocida como "la causa de los trajes".

Se le acusa de haber supuestamente recibido regalos, en concreto varios trajes y otras prendas de vestir, abonadas por "Orange Market", una de las empresas de la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa (caso Gürtel), red que también afecta a cargos del PP a nivel nacional, como el antiguo tesorero de ese partido y exsenador Luis Bárcenas.

Los otros acusados en esta trama en Valencia son el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, el exvicepresidente del gobierno regional Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, de los que dijo que son también inocentes.

Camps dimite después de haber revalidado hace dos meses la mayoría absoluta con la que gobernaba la comunidad autónoma de Valencia en las elecciones regionales del pasado 22 de mayo pese a estar ya relacionado con la citada trama de corrupción.

Esa región del este mediterráneo español es uno de los principales feudos y viveros de votos del Partido Popular.

Su retirada se produce cuando en España se vive un clima preelectoral ante los próximos comicios generales, previstos para marzo de 2012, aunque los medios españoles especulan con la posibilidad de que se adelanten al otoño.

En esas elecciones, Mariano Rajoy, el líder del PP, aspira a convertirse en el próximo presidente del Gobierno de España tras haber perdido en las dos anteriores convocatorias (2004 y 2008) frente al socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En los próximos comicios tendrá como principal rival a Alfredo Pérez Rubalcaba -ex vicepresidente primero del Gobierno, exministro del Interior y exportavoz-, elegido por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como candidato al no presentarse Zapatero, quien anunció en abril que no concurrirá a un tercer mandato.

El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, dijo que la dimisión de Camps es un "acto de responsabilidad congruente".

Sin embargo, la coordinadora de la campaña electoral del PSOE, Elena Valenciano, advirtió a Rajoy de que la dimisión de Francisco Camps no le va a servir de "cortafuegos" para tapar la trama de corrupción del "caso Gürtel".

"No hablamos de trajes, hablamos de una profunda trama de corrupción que sacude al PP", dijo Valenciano.

Rajoy aseguró por su parte que la dimisión de Camps como presidente de la Comunidad Valenciana es "un ejercicio de generosidad y de responsabilidad", que "contribuye a mejorar la imagen y el prestigio de las instituciones" valencianas y españolas.

En un comunicado difundido una hora después de conocerse la renuncia, Rajoy destaca que el ya expresidente regional "forma parte de los grandes activos" del Partido Popular.

Francisco Camps fue el cuarto presidente de la Comunidad Valenciana desde la celebración de las primeras elecciones autonómicas en 1982, tras Joan Lerma, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas.

Alberto Fabra, actual alcalde de Castellón y coordinador general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, será su sucesor.

La dimisión de Camps eleva a seis el número de presidentes autonómicos en España que dimitieron durante su mandato al estar involucrados en procesos judiciales o administrativos.