El guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, el presunto chivato de la investigación del caso Púnica cuyo juicio se ha iniciado esta mañana en la Audiencia Nacional, ha admitido que avisó al líder de la trama, el exconsejero madrileño Francisco Granados, de la presencia de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en el municipio. Es la única concesión del principal acusado, al que se le acusa de haber transmitido a Granados información mucho más precisa: que le indicó que la investigación, en la que él mismo participaba, se dirigía a su socio, David Marjaliza. Gracias al chivatazo, Marjaliza destruyó la documentación que le incriminaba antes de los registros. Granados, por su parte, pudo esconder su dinero en efectivo en un altillo en casa de sus padres y en domicilios de amigos y familiares.
El encuentro en el que se habría producido el chivatazo de Talamino se produjo en la madrugada del 6 de septiembre de 2014, durante las fiestas de Valdemoro, localidad de la que fue alcalde Granados y en la que residen ambos. Previamente, en la tarde del 5, se había encontrado con su excompañero José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia que por entonces trabajaba en la Comunidad de Madrid como asesor de seguridad de Granados. Según el escrito de acusación, en esos dos encuentros, Talamino habría avisado de los seguimientos que se estaban realizando a Marjaliza en la localidad vecina de Pinto. Esa misma mañana, Talamino había recibido órdenes del equipo investigador de la UCO en la Operación Púnica de colocar una cámara en un vehículo que quedó instalado frente al edificio Éboli, sede de los negocios de Marjaliza.
Durante su interrogatorio, Talamino ha negado en un principio que hubiera transmitido nada a Granados cuando se lo encontró de madrugada y aseguró que solo se aproximó al exconsejero para preguntarle por su amigo Caro Vinagre, con el que había quedado a tomarse una copa. Pero más adelante reconoció que le había transmitido "que la UCO podía estar trabajando en Valdemoro". "Me preguntó si yo estaba en ese dispositivo. Yo le dije que no", ha añadido. Esa ha sido su única confesión, porque luego ha asegurado por activa y por pasiva que en ese momento desconocía quién era Marjaliza o si era él el investigado, el lugar donde se iba a colocar el vehículo que había preparado y los demás detalles de la operación de vigilancia, luego, según su versión, no pudo transmitírselos.
El caso es que esa conversación entre Talamino y Granados generó una gran inquietud en el exconsejero, según ha manifestado en su declaración el segundo acusado, el asesor de Granados y excompañero de Talamino José Luis Caro Vinagre. Caro Vinagre ha rechazado que en la tarde del 5 de septiembre su amigo le revelara dato alguno de la investigación, pero ha admitido que, al día siguiente, recibió una llamada de Granados en la que le manifestó su preocupación por lo que le había dicho Talamino de madrugada, durante las fiestas. Acto seguido, la fiscal Teresa Gálvez ha pedido que se reprodujera esa conversación, en la que el exconsejero madrileño le dijo: "Me contó una película que no entendí muy bien". Luego añadió: "Lo que me dijo me sonó a advertencia".
Anticorrupción acusa a Caro Vinagre de intentar conseguir de Talamino nuevos datos confidenciales sobre la investigación y de desvelar los que iba recabando a Granados. Sin embargo, el acusado lo ha negado todo pese a sus conversaciones con el expolítico madrileño, que se han reproducido en el plenario. En una de ellas de contenido muy explícito, Caro dice a Granados: "Voy a hablar con él [se entiende que con Talamino] y si hay algo, que me lo diga. A lo que Granados responde: "Esto es lo que yo te dije ayer. Blanco y en botella. No tiene vuelta de hoja. El tema va para adelante y es serio...".
Mañana a las nueve de la mañana se retoma el proceso con la declaración de Granados. El fiscal pide para cada uno de los acusados tres años de cárcel por revelación de secretos con grave daño para la causa pública. En la causa también acusa la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), para la que el exconsejero de Esperanza Aguirre debería ser condenado a seis años de cárcel. El tribunal es la sección primera de la Audiencia Nacional formada por los magistrados Manuela Fernández Prado (presidenta), Ramón Sáez Valcárcel y Nicolás Poveda.
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