El principio del fin

Madrid, 23 jun.- Con el registro el pasado viernes en el Congreso de más de 400 enmiendas a la Ley de Transparencia, el proyecto estrella de regeneración democrática del Gobierno llega al principio del fin de su tramitación, con el apoyo del PP y el PSOE y la posible incorporación a un acuerdo final de CiU y PNV.

Desde que llegara a la Cámara hace casi un año, el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ha seguido un proceso distinto al de otros textos, con la comparecencia en la Comisión Constitucional de decenas de expertos y afectados directos.

Esa larga fase ha permitido que se fueran "forjando consensos" y "hoy puede decirse que la ley cuenta con el apoyo del PP y el PSOE y, si no sucede nada, serán muchos más grupos los que se incorporen", aseguraba esta semana el ponente y dirigente 'popular' Esteban González Pons.

Sin embargo, los acuerdos que hay "no están escritos" y el proyecto de ley que existe es el que envió el Gobierno al Congreso en agosto de 2012.

Las más de 400 enmiendas registradas el viernes contrarreloj, poco antes de que expirara el plazo a las 20.00 horas, reflejan algunos avances al respecto, entre ellos la inclusión de la Casa del Rey, partidos políticos y organizaciones sindicales y patronales, consensuada por todos, pero hasta el momento no reflejada en ningún documento.

Las enmiendas de la mayoría también recogen la aplicación de la ley a todos los entes privados que reciban fondos públicos en un porcentaje que fluctúa entre el 40 por ciento que propone el PSOE y CiU y el 50 por ciento que quieren el PP y el PNV.

En lo que se han puesto de acuerdo los cuatro es en situar en 3.000 euros el mínimo de dinero público que una entidad privada debe recibir para entrar en el régimen de transparencia de la ley y en que todas aquellas que reciban más de 100.000 euros estarán obligadas automáticamente.

La Izquierda Plural y UPyD, los grupos que se han erigido como principales opositores a esta ley desde una postura de defensores a ultranza de la transparencia, piden que no haya ningún límite al respecto, en su afán de que "ni un euro" público quede sin justificar, como subrayó el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán en la presentación de sus enmiendas.

Otra de las enmiendas pactadas por el PP y el PSOE avanza en el intento de determinar cómo se tramitará la solicitud que podrá formular cualquier ciudadano a la Casa del Rey sobre información obre en su poder.

Para ello, la fórmula que proponen es que las solicitudes las tramite la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.

Para el debate en la ponencia quedan vivas otras discrepancias, como la referidas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano que velará por el cumplimiento de la ley.

El proyecto del Gobierno recoge que una Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, será el órgano al que se podrán recurrir potestativamente las denegaciones de información que los ciudadanos consideren infundadas, antes de utilizar la vía contencioso administrativa.

Sin embargo, no va a ser así y, aunque los grupos no se han puesto aún de acuerdo en su configuración, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aceptó en el debate de totalidad la petición unánime de la oposición de que sea un órgano independiente el que cumpla esa función.

Para el Ejecutivo es prioritario no crear un organismo nuevo al que dotar de presupuesto, mientras que para la oposición es importante que dependa del Congreso.

Ante esto, el PP plantea en sus enmiendas un Consejo formado por un presidente y siete miembros: un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, otro del Defensor del Pueblo, otro de la Agencia Española de Protección de Datos, otro de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y otro de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

El presidente sería nombrado entre personas de "reconocido prestigio y competencia profesional" por un periodo no renovable de cinco años a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y refrendado por la mayoría absoluta del Congreso.

Con los nacionalistas CiU y PNV el principal escollo radica en la parte de la ley que se refiere al "buen gobierno" y a quién propone e instruye las sanciones administrativas que prevé el texto para los gobernantes que no cumplan determinados principios éticos derivados de la ley de equilibrio presupuestario.

En pos del acuerdo, el PP ha corregido la "invasión competencial" de la que estos se quejan y admite que el órgano competente para incoar procedimiento sancionador a los altos cargos autonómicos o locales no sea el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sino el que tenga atribuidas esas funciones en las propias comunidades y ayuntamientos.