La acusación ejercida por el PSOE en el caso espionaje en la Comunidad de Madrid tiene la intención de mantener en el juicio su petición de dos a cuatro años de prisión para los seis acusados de realizar en 2008 seguimientos a cargos políticos del PP enfrentados con la entonces presidenta, Esperanza Aguirre.
Al término de la sesión de este viernes de la vista que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, fuentes de esta acusación han adelantado su idea de solicitar el lunes cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación para el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón y tres años prisión y seis de inhabilitación para el exsubdirector Miguel Castaño por delito de malversación de caudales públicos.
Para los otros cuatro acusados, tres guardias civiles y un técnico de la administración regional, el PSOE reclamará dos años de prisión por el mismo delito. Además, el PSOE estima que todos los acusados deben indemnizar a la Comunidad de Madrid en la cantidad malversada, que inicialmente cuantificó en algo más de 160.000 euros. En esta causa no acusa la Fiscalía pero sí la Comunidad de Madrid, cuyo letrado pide en sus conclusiones provisionales multas de 18.000 y de 9.000 euros para Sergio Gamón y Miguel Castaño, respectivamente, además de tres años de suspensión de cargo público, como cooperadores necesarios del delito de malversación de caudales públicos.
Para cada uno de los otros cuatro acusados la Comunidad de Madrid solicita en su escrito de calificación provisional 1.800 euros de multa y suspensión de cargo público durante un año como autores materiales de dicho delito. Por su parte, Enrique Molina, defensor de Gamón y Castaño, ha adelantado que pedirá la absolución de ambos por la nulidad de la prueba obtenida en este procedimiento.
Los abogados de los demás acusados, Javier Vasallo y Ramón González Bosch, ya anunciaron en la vista que solicitarán el archivo de la causa con anulación del juicio y disolución del jurado ante las nuevas revelaciones que realizó el miércoles en su declaración testifical en el juicio el excomisario de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Jaime Barrado. Jaime Barrado denunció "cortapisas" que sufrió para investigar "más arriba" por el espionaje en 2008 a políticos del PP , así como "irregularidades" de los entonces responsable de la UDEF, José Luis Olivera, y fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.
Javier Vasallo y Ramón González Bosch pedirán además que se deduzca testimonio ante las revelaciones de Barrado para que se depuren las responsabilidades ante el Juzgado que corresponda y han adelantado su intención de emprender acciones penales, entre otros, contra Manuel Moix, Jose Luis Olivera y Jaime Barrado.
Durante la sesión de este viernes ha declarado una perito caligráfica que realizó un informe a petición de una de las defensas que ha señalado que no se puede concluir que los partes de seguimientos de los supuestos espiados hubieran sido escritos por el técnico de Comunidad de Madrid que está acusado. Este informe contradice los expuestos ayer por dos guardias civiles y otros tantos policías nacionales, que sí estimaron que dicho técnico redactó dichos partes.
También ha declarado como perito un ingeniero técnico de Telecomunicaciones que ha ubicado en tres zonas de Madrid, Rubén Darío, Puerta del Sol y Chichón, los teléfonos móviles que supuestamente llevaban los agentes acusados en los presuntos seguimientos.
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