El psoe recurrirá la “ley mordaza” porque “desalienta la protesta”

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando, anunció este viernes la presentación de dos recursos de inconstitucionalidad, uno contra la ley de seguridad ciudadana y otro contra la reforma del Código Penal. Ambas leyes fueron aprobadas este jueves por el Congreso de los Diputados por la mayoría parlamentaria del Partido Popular.
Hernando, que compareció en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, afirmó que en los “próximos días” presentarán estos recursos ante el Tribunal Constitucional, aunque se mostró abierto a que otras formaciones políticas se suman a estas iniciativas.
En concreto, el PSOE recurrirá la ley de seguridad ciudadana, a la que denominó “ley mordaza”, porque considera que el “principal objetivo” del Gobierno es “condenar al disidente, al que se manifiesta o protesta, y ejerce su derecho a la libertad de expresión". Quiere, añadió, “desalentar la protesta y la disidencia”.
Hernando destacó que después de la aprobación de esta norma que entrará en vigor a partir del 1 de julio, en España “nuestras libertades son menos y tenemos más vulneración de nuestros derecho”.
Además, denunció que “no existe un concepto de tranquilidad pública” y que se trata de un “concepto jurídico indeterminado” en el que se une derecho administrativo punitivo y el penal estableciendo como función de fuerzas de seguridad no la garantía de derechos y libertades, sino la seguridad. Lo cual, a su juicio, es una “terminología ambigua que genera inseguridad jurídica”.
El portavoz socialista señaló que la norma aprobada vulnera hasta cinco artículos de la Constitución Española, en concretos los números 18, 21, 24, 25 y el 104.
A su juicio, lesiona el artículo 104 porque establece derecho administrativo sancionador preventivo respecto a manifestaciones y protestas y hace que la Policía actúe sobre “indicios o sospechas”.
Por su parte, va contra los artículos 18, 21, 24 y 25 de la Carta Magna al utilizar el derecho administrativo para dar cobertura a la policía al margen de la Justicia.
“Lo que ha intentado hacer el Gobierno es desalentar la protesta, la disidencia, desalentar a los ciudadanos que protestan, que se quejan legítimamente por las políticas del Gobierno o de las administraciones”, subrayó Hernando.
El portavoz socialista adelantó que mantendrán reuniones con asociaciones de derechos humanos, colectivos y ONG para exponer y ofrecer posibilidad de participar en la elaboración de los recursos, así como con los demás grupos para que se sumen a la redacción y si lo desean, también a la firma, de este recurso que prevén presentar en “el plazo de dos o tres semanas”.
PRISIÓN PERMANENTE
Por otra parte, a la reforma del Código Penal presentarán un recurso de inconstitucional contra la prisión permanente revisable porque entiende que esta pena “afecta a la dignidad de las personas e incumple fin que establece Constitución respecto de penas, reinserción y reeducación de personas penadas, vulnera varios artículos de la Carta Magna en concreto el 25.2, el 15, el 9.3 y el 10, en lo que se refiere a la dignidad, seguridad jurídica y el fin de la pena.
A su juicio, esta condena de prisión permanente revisable es “innecesaria” en España porque ya está establecida la pena máxima de 30 años que en delitos más graves se puede ir a 40 incluso sin salir de la prisión.
Además, destacó que el índice de criminalidad de España “es de los más bajos” de Unión Europea e incluso en delitos más graves mientras que se tiene una de las “poblaciones penitenciarias más altas”.
DEVOLUCIONES ‘EN CALIENTE’
Preguntado por si van a recurrir las llamadas ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes que permite la nueva norma, el portavoz socialista avanzó que “probablemente” la recurran pero que lo estudiarán previamente con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados que según recordó Hernando, está “muy preocupado” por este asunto.
No obstante, reconoció que el Gobierno “ha modificado” el texto inicial de la norma en este aspecto y que por ello tienen que estudiar, aunque a su juicio hay “indicios de que puede seguir siendo inconstitucional”.