Las alertas sobre la complicada situación que afronta el país se intensificaron luego de que en la última semana se registraran más de 240 homicidios, incluyendo 14 pandilleros masacrados por una purga interna en el penal de Quezaltepeque, en la periferia norte de San Salvador.
"Estamos ante un grave escenario de conflictividad social sin precedentes y no se ve por ningún lado una solución a corto plazo", declaró a la AFP el profesor universitario Roberto Cañas.
Las cifras oficiales son lapidarias: de enero a julio se registraron 3.332 asesinatos en El Salvador contra 2.191 en el mismo período de 2014.
Los crímenes son, en gran parte, atribuidos a las pandillas, que cuentan con unos 72.000 miembros, de los cuales 13.000 se encuentran en prisión.
Para contener la violencia, la policía y el ejército, bajo la coordinación de la Fiscalía, desarrollan operativos con detenciones masivas de pandilleros, muchos de los cuales están siendo juzgados como terroristas.
El analista de temas de seguridad, Juan Ramón Medrano, apunta que la confrontación se profundiza en el país, dejándolo en una situación difícil de dilucidar. "El gobierno tiene un plan que le apuesta a disminuir la cantidad de homicidios, la extorsión y el crimen a futuro, pero tiene que presentar resultados", explica el catedrático.
El vicepresidente salvadoreño, Óscar Ortiz, advierte las pandillas intentan hacer una demostración de fuerza en momentos que el Estado busca "revertir" la ola criminal.
En una entrevista televisiva, Ortiz explicó que las pandillas muestran su músculo al actuar de forma "indiscriminada contra la población", reaccionando a las operaciones de la fuerza pública y desatando una especie de guerra interna entre las facciones, como lo que ocurrió en el penal de Quezaltepeque.
El exdiputado y excomandante guerrillero Raúl Mijango, quien se desempeñó como mediador entre pandillas salvadoreñas en 2012, sostuvo en entrevista con la AFP que la represión no es la solución, y subrayó que es necesario establecer un "diálogo" con las pandillas.
En lo que va del año han muerto 45 policías y 14 militares. Los medios responsabilizan a las pandillas de estos ataques.
"Esta batalla contra el crimen la vamos a ganar (...) nos va tomar un tiempo, va a ser duro, va a ser difícil, incluso doloroso", comentó el Vicepresidente en relación a las pérdidas humanas de los enfrentamientos.
Pese al complicado escenario, Ortiz confía en que el Estado se impondrá aunque se produzca un "cierto desangramiento de la familia salvadoreña".
En enero pasado, el Consejo de Seguridad, integrado por el gobierno y la sociedad civil, presentó un plan contra la violencia que exige una inversión de 2.100 millones de dólares en los próximos cinco años.
Obtener ese financiamiento es un desafío para el Ejecutivo, que según el vicepresidente Ortiz, invierte 12% del PIB por año para atender el problema de la inseguridad.
Para aprender de otras experiencias regionales, los miembros del Consejo de Seguridad se reunieron en Colombia con representantes gubernamentales quienes les explicaron sobre los mecanismos utilizados, con el apoyo de la empresa privada, para financiar la guerra contra la violencia.
Para el analista Juan José Martel, la violencia en El Salvador "es una enfermedad que trae décadas, no se atendió hace 15 o 20 años cuando hubiese sido barato atenderla (...) es grave y el tratamiento que necesita es largo, es doloroso y es costoso".
cmm/mas/pr
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios