El seguimiento de la huelga hasta las 13.00 horas es del 11%, según el Gobierno

Madrid.- La secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, cifró en el 10,99% el seguimiento medio de la huelga en la Administración General del Estado (AGE) hasta las 13.00 horas, sin incluir a los empleados públicos que están realizando servicios mínimos.

En su segunda rueda de prensa para ofrecer datos de participación, Rumí insistió en que la jornada de paro de 24 horas convocada por CCOO, UGT y CSI-CSIF se está desarrollando con normalidad y con incidentes "menores".

Asimismo, quiso poner de manifiesto el respeto del Gobierno por las organizaciones sindicales convocantes y por el derecho constitucional de los empleados públicos que han decidido secundar la huelga, lo que "hay que hacer compatible con el derecho de la ciudadanía al servicio público".

En el capítulo de incidencias sólo comentó los retrasos de entre 30 y 60 minutos de los trenes de alta velocidad que unen Madrid con Sevilla, por los que pidió disculpas a los ciudadanos afectados.

Sobre el dato de participación, Rumí explicó que se trata del acumulado del turno de noche -en el que hubo un seguimiento del 15,94%- y del turno de la mañana de los trabajadores de la AGE, que incluye Ministerios, organismos autónomos, Agencia Tributaria, Administración de Justicia e Instituciones Penitenciarias.

Rumí únicamente desglosó la participación en la huelga en Correos, donde el seguimiento medio acumulado es del 8,5% hasta las 13.00 horas frente al 13,2% sólo del turno de noche, y de Instituciones Penitenciarias, del 5,04% acumulado frente al 10% de los empleados nocturnos.

Preguntada por el seguimiento en el sistema sanitario o educativo, explicó que son datos que están recogiendo las comunidades autónomas, con las que está en contacto y por las que sabe que la incidencia de la huelga es similar a la registrada en la AGE.

El Gobierno está supervisando la participación a través de controles de presencia con la firma de los trabajadores que entran en cada turno y que se remiten desde los departamentos de recursos humanos, a través de Ministerios y delegaciones de Gobierno, a la Secretaria de Estado para la Función Pública, que es donde se ha centralizado el seguimiento.

Rumí destacó que el cálculo no incluye a aquellos empleados que están atendiendo los servicios mínimos, un criterio -dijo- que es la primera vez que se ha tenido en cuenta.