El Síndic catalán espera de Mas un compromiso firme con el control público

Barcelona, 20 feb.- El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, acude a la segunda reunión anticorrupción con una batería de propuestas de acceso a la información y control de la actividad pública, y espera que Artur Mas anuncie su compromiso de asumir y trasladar al Parlament las medidas que se presenten.

El presidente catalán ha convocado para este viernes una segunda reunión con la presidenta del Parlament, Núria de Gispert; el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno; el fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol; los sindics de Greuges, Ribó, y de Cuentas, Jaume Amat, y el director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, para que le presenten propuestas para luchar contra la corrupción, tras una primera cita el pasado 6 de febrero.

En una entrevista con Efe, Ribó ha anunciado que él presentará varias propuestas, entre otras cosas, para que se obligue a la administración a contestar a todos los ciudadanos; se garantice "la limpieza" de la contratación administrativa y se haga un control posterior e independiente de las adjudicaciones públicas.

De todas sus propuestas, el defensor del pueblo catalán ha avanzado que hará hincapié en la necesidad de elaborar una ley de transparencia que garantice el acceso universal a la información pública de manera gratuita, como paso imprescindible para una efectiva regeneración democrática.

El síndic considera injustificable que España, y Cataluña, sea todavía de los pocos países europeos que no tienen una ley de transparencia que garantice el acceso a toda la información pública y haga una regulación completa de este derecho.

Esta ley deberá establecer, según Ribó, que cualquier persona podrá pedir información pública sin justificar su necesidad y con la única limitación de la privacidad personal y la seguridad nacional.

"Toda persona ha de tener derecho al acceso gratuito a toda la información pública sin límites, de todas las instituciones, desde la Corona, parlamentos, partidos políticos, entidades empresariales, sindicatos y medios de comunicación públicos o subvencionados", ha afirmado Ribó.

"Y debería haber un organismo radicalmente independiente -ha agregado- que no fuera gubernamental, que dilucidase los conflictos cuando se negase el acceso a la información", un acceso al que también han de estar obligados los bancos y las empresas que ofrecen servicios de interés general, como el agua, luz, gas o teléfono.

Además de esta ley de acceso a la información pública, Ribó también insistirá en que todas las administraciones dispongan de "un riguroso código de buenas prácticas, articulado y lo más explícito posible, sobre todo aquello que se comprometen a realizar y que cada año hagan balance público de sus cartas de servicios".

Ribó espera que la cumbre anticorrupción vuelva a reunirse dentro de unos meses para comprobar si se han aplicado las medidas que se propongan el viernes y un compromiso "firme" de Artur Mas de que trasladará las propuestas "para su ejecución" en el Parlament.

Otra de las propuestas de Ribó será el fortalecimiento de las instituciones de control democrático -como la sindicatura de cuentas, el Sindic de Greuges o la Justicia- "que en algunos casos tienen claras deficiencias para hacer sus tareas".

En este sentido, ha lamentado que, por ejemplo, la sindicatura de cuentas no presente sus informes hasta cinco o siete años después, cuando algunas actuaciones irregulares ya han prescrito, o que haya un 40 % de catalanes que no saben qué es el Sindic de Greuges.

Sobre las contrataciones públicas, Ribó ha señalado que "están bastante bien legisladas, pero poco supervisadas porque una vez adjudicadas faltan más instrumentos de control".

También pedirá concursos de acceso a la función pública "más claros, despolitizados y transparentes".

Igualmente ha señalado la necesidad de poner a la administración en "el mismo plano de igualdad" que los ciudadanos y que desaparezca el principio de veracidad que tiene la administración porque "es un anacronismo".

Sobre la ley de transparencia que se elabora en el Congreso, Ribó ha opinado que "no debe presumir de transparencias, sino facilitarla (...) y el borrador que se conoce pone muchas trabas y excluye demasiadas instituciones del acceso a la información".

"Ninguna empresa o entidad social que perciba subvención pública debería quedar fuera de la obligatoriedad de dar acceso a la información", ha concluido Ribó, que considera que "no es suficiente" publicar la declaración de la renta o de patrimonio.