El Supremo confirma el archivo de una querella de guardias civiles contra Rubalcaba

  • Madrid.- El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el archivo de una querella de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) contra el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por los delitos de prevaricación, nombramiento ilegal, falsedad en documento público y desobediencia.

El Supremo confirma el archivo de una querella de guardias civiles contra Rubalcaba
El Supremo confirma el archivo de una querella de guardias civiles contra Rubalcaba

Madrid.- El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el archivo de una querella de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) contra el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por los delitos de prevaricación, nombramiento ilegal, falsedad en documento público y desobediencia.

La asociación se querelló contra Rubalcaba y contra el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, al considerar arbitraria la decisión de asignar a miembros de las Fuerzas Armadas cuatro de las quince plazas de libre designación ofertadas en un concurso cuyas bases establecían que la totalidad de las plazas estaban reservadas a miembros de la Policía y de la Guardia Civil.

El Supremo, en una resolución dictada el pasado mes de septiembre, archivó la querella "ante la patente falta de indicios de actividad delictiva" y porque la UO también había acudido a los tribunales por la vía contencioso-administrativa para que se anulara el concurso, consiguiendo su objetivo.

Ahora, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal confirma el archivo al estimar que para la existencia de delito no basta con que se tomara una decisión administrativa distinta de lo previsto en la norma, sino que aquella debería ser, además, "llamativa, radical, clamorosa, patente e irracional".

"Es evidente que ninguno de esos adjetivos concuerda con el actuar del querellado con respecto a los que se le imputan en la querella", dice el Supremo, que añade que no hay indicios de que Rubalcaba actuara guiado "por el ánimo de dictar una resolución a sabiendas de que era palmaria, clamorosa y manifiestamente injusta".

La Sala también dice que de seguirse la tesis de los recurrentes sobre la existencia de un delito de prevaricación cuando un tribunal anula una resolución dictada por una autoridad administrativa, habría que admitir a trámite todas las querellas fundamentadas en tales nulidades.

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