El Supremo termina la instrucción de la causa contra el senador Zerolo (CC)

Madrid, 13 dic.- El instructor de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el senador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo por un posible delito de prevaricación ha terminado la investigación y ha consultado al fiscal para que si lo cree oportuno pida la apertura de juicio contra el citado político.

El Supremo solicitó al Senado el suplicatorio para inculpar al parlamentario el pasado 29 de mayo, después de que el fiscal presentara una querella contra Zerolo que fue admitida a trámite por el alto tribunal. El procedimiento está relacionado con unas obras que se realizaron en 2003 en un edificio municipal.

Desde mayo el instructor ha avanzado la investigación del caso, que hoy ha cerrado. Antes de hacerlo ha admitido la personación en la causa de Izquierda Unidóa como acción popular en el procedimiento, decisión que adoptó ayer mismo.

El instructor de la causa es el magistrado Luciano Varela, quien en el auto que dio lugar al suplicatorio contra Zerolo señalaba que el imputado pudo cometer prevaricación al dictar "resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el Ayuntamiento".

Tanto el fiscal como el juez consideran que en 2003 Zerolo contrató de manera aparentemente irregular las obras de acondicionamiento del edificio central de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lo hizo, según los indicios, sin el proyecto, ni el concurso público que exigen las leyes, sin prestar oídos a los reparos de los inspectores y siendo plenamente consciente de todo ello, según sospecha el juez.

Para sortear los reparos de los funcionarios, el alcalde se acogió a un informe contrario a los criterios de la intervención encargado a un cargo de confianza, recordaba también Varela.

"El querellado era plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder, que le era reiteradamente expuesta por los funcionarios de la Intervención. Dicha ilegalidad era nítidamente perceptible por quien se encontrase mínimamente habituado con la actuación municipal en este área", y mucho más por un alcalde, concluía aquel auto.