El Pleno del Tribunal Constitucional ha agotado este jueves su última convocatoria de Pleno sin lograr sacar adelante la sentencia que debe resolver el recurso que interpuso hace hace casi cuatro años el PP contra el Estatut de Cataluña.
Tras casi cuatro horas de reunión, los diez magistrados que tienen la obligación de dictaminar sobre este asunto han concluido su cónclave sin que por el momento haya trascendido el contenido del mismo, si se ha llegado a deliberar a fondo sobre el borrador de la presidenta, María Emilia Casas, o si se ha adoptado algún acuerdo concreto sobre la posibilidad de votar el texto artículo por artículo.
El único dato aportado de forma oficial por el gabinete de prensa del alto tribunal es que no existe aún sentencia y que los magistrados no han llegado a votar el borrador en la reunión de este jueves. El Pleno no continuará esta tarde, no está previsto que se reúna mañana ni tampoco hay fecha fijada para una nueva convocatoria.
Fuentes del alto tribunal han señalado que, en principio, ninguno de los diez magistrados que deliberan sobre este asunto es contrario a ir dictaminando sobre el borrador por bloques o incluso precepto por precepto, basándose en el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que señala que "la votación, a juicio del presidente (del tribunal), podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que haya de dictarse".
Este artículo añade que, en este caso de votación por partes, emitirá su opinión "primero el ponente y después los demás magistrados por orden inverso al de su antigüedad", mientras que quien presida los debates votará el último. Además, precisa que "empezada la votación, no podrá interrumpirse sino en caso de fuerza mayor".
Recursos pendientes
El Pleno de este jueves comenzó a celebrarse pasadas las 10.00 horas a pesar de estar aún pendientes de resolución los recursos de súplica planteados tanto por el Gobierno como por el Parlamento catalanes contra la negativa del tribunal a declararse incompetente para dictar sentencia sobre este asunto, puesto que la tramitación de estos incidentes no tiene carácter suspensivo (artículo 93.2 de la LOTC).
A este recurso se une la carta remitida el miércoles por la noche por la Generalitat solicitando que se anule la recusación del magistrado Pablo Pérez-Tremps (que se aprobó a instancias del PP) alegando que, ya que este magistrado sólo asesoró en los aspectos del Estatut relativos a las relaciones exteriores de la comunidad autónoma, podría estar presente en la votación relativa a los artículos que no se refieran a éste aspecto.
Las mismas fuentes han señalado que es poco probable que la carta se estudiara en el Pleno de este jueves , ya que se trata de un escrito informal. No obstante, y pese a que acabe dándose la votación del borrador por partes, la petición de la Generalitat no tendría mucho sentido, puesto que las deliberaciones no tienen por qué darse en bloques temáticos, ya que podrían agruparse varios artículos sobre los que, por ejemplo, hubiera unanimidad sobre su inconstitucionalidad, con independencia de la temática de los mismos.
El pasado martes, el Tribunal Constitucional acordó dar un plazo de tres días a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía y a los siete recurrentes del Estatut de Catalunya (el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia) para que se pronuncien sobre los recursos interpuestos sobre la cuestión de competencia.
No deliberar del Estatut
Estos recursos plantean falta de legitimidad del tribunal por haber extinguido varios magistrados, entre ellos su presidenta, el mandato para el que fueron designados por las Cortes. Por esta razón, y pese a que no tienen carácter suspensivo, es probable que el tribunal haya optado este jueves por no deliberar sobre el último borrador de la sentencia hasta haber solventado esta incidencia procesal.
El contenido de la ponencia que se traía este jueves al Pleno no modifica sustancialmente el presentado hace unos meses por la magistrada del denominado 'sector progresista' de este órgano Elisa Pérez Vera, que fue tumbado por seis votos a cuatro pese a contener la anulación de varios de los preceptos de la norma catalana.
Fuentes del Constitucional han señalado que el texto que presenta Casas, que es la séptima versión de sentencia que se discute, es prácticamente idéntico al de su antecesora Pérez Vera, ya podría incluir la declaración de inconstitucionalidad de unos 15 preceptos y otra veintena podrían ser sometidos a interpretación
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