El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso que presentó el Gobierno, tras aprobarlo el Consejo de Ministros, y deja por tanto en suspenso la reforma de la ley de presidencia catalana que permitía la investidura de Carles Puigdemont. La decisión de admitir a trámite el recurso, que ha sido adoptada por unanimidad, determina de modo automático la suspensión provisional de la norma recurrida y va acompañada de la advertencia al president del Parlament y a los demás miembros de la Mesa de que deben acatar la resolución o pueden incurrir en desobediencia.
Los artículos impugnados quedan suspendidos durante al menos cinco meses -prorrogables- mientras el tribunal de garantías resuelve sobre el fondo al aplicarse artículo 161.1 de la Constitución, que prevé la adopción de esta medida de forma automática una vez se comienzan a tramitar recursos de inconstitucionalidad impulsados del Ejecutivo.
A petición de la Abogacía del Estado, el TC acuerda notificar personalmente al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, y a los demás miembros de la Mesa y que se les advierta de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada.
El recurso elaborado por los servicios jurídicos del Estado entiende que los preceptos que amparan la investidura no presencial resultan claramente inconstitucionales y advierten que esta modificación legal "altera las reglas del juego de la vida parlamentaria en un momento esencial" y de "forma arbitraria" con el fin de aplicarse a "un caso específico", en alusión a Carles Puigdemont.
En la rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo consideró que "nadie puede poner en duda" la voluntad del Gobierno de "restaurar el orden constitucional en Cataluña", ya que se trata del recurso número 26 ante el Tribunal Constitucional con este objetivo.
Méndez de Vigo recordó al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que no puede convocar un pleno en esas condiciones con un candidato que no este presente sin el riesgo de incurrir en un "delito de desobediencia".
El portavoz gubernamental recalcó que Carles Puigdemont es un "profugo de la Justicia" contra el que pesa una orden europea de detención que está siendo estudiada por la Justicia alemana y recordó que el Ejecutivo ya había anunciado su intención de "utilizar" todos los "instrumentos jurídicos" a su alcance para "impedir un fraude de ley".
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