Madrid, 18 dic.- El Tribunal de Cuentas ha detectado varias irregularidades en la puesta en marcha de los proyectos del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), conocido como el Plan E, que puso en marcha el anterior Gobierno para las corporaciones locales, con una inversión de 8.000 millones de euros.
Ante la Comisión Mixta para la Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el presidente de este órgano, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentado el informe que constata que los ayuntamientos no seleccionaron los proyectos en función de la creación de empleo, que era su principal objetivo.
El fin consistía en realizar obras de competencias municipal de nueva planificación a fin de crear y mantener puestos de trabajo, con la reactivación de la economía.
Se distribuyó entre 8.090 entidades locales para sufragar 30.698 proyectos, con un importe máximo cada uno de 5 millones de euros y con un desembolso final de 7.836,16 millones de euros.
El plazo de 54 días para elaborar las propuestas de inversión establecido por el real decreto supuso una "limitación" para la "adecuada planificación", que unido al retraso de las actuaciones con 30 días de media, llevó a que no se garantizara que las inversiones fueran obras nuevas, necesarias para la entidad local y especialmente generadoras de empleo.
La contratación de trabajadores no se utilizó "como elemento decisorio para la selección de proyectos", dice el informe, que añade que tampoco se siguió la continuidad en sus puestos de los trabajadores.
Según el presidente del citado tribunal, "no se garantizó que las inversiones fueran de nueva planificación" y algunas corporaciones destinaron el dinero para ejecutar proyectos, previstos con anterioridad pero que no se habían llevado a cabo por falta de recursos.
El Tribunal de Cuentas entiende que debido al carácter "excepcional" del fondo, cuya aplicación ya está finalizada al centrarse en los ejercicios de 2009 y 2010, y en algunos casos en 2011, se considera "innecesaria la formulación de recomendaciones".
El diputado del PSOE Gaspar Zarrías ha defendido este "programa ambicioso en un momento singular y excepcional", dada la escasez en ese momento de inversión privada en la economía.
Ha precisado que el Gobierno, del que él formaba parte entonces, entendía el valor de las políticas públicas como "herramienta útil" para la reactivación de la economía, por lo que tomó la "decisión política" de ponerlo en marcha "en un paisaje económico y social dramático".
A su juicio, con las políticas de austeridad del actual Ejecutivo "vamos al hoyo" y ha pedido que se pongan en práctica instrumentos similares.
El diputado del PP Eloy Suárez ha definido el Plan E como "una ocurrencia de 8.000 millones que no tenemos y que tendrán que pagar las generaciones futuras", y que ha sumado a las otras "cargas recibidas" por la mala gestión del anterior Gobierno socialista y que lastran la economía actual.
Ha insistido en que el plan falló en su primer objetivo, que era crear empleo, ya que solo lo mantenía en el segundo semestre de 2011 el 4 por ciento de los trabajadores contratados.
Ha afirmado que provocó un déficit del 1,1 por ciento del PIB, que hubo que financiar con deuda pública.
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