El tribunal de Malaya juzgará en junio al exedil del GIL que estuvo fugado

Málaga, 11 abr.- El tribunal del caso "Malaya" contra la corrupción juzgará el próximo mes de junio al exconcejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) Francisco Javier Lendínez, que estuvo durante casi cinco años fugado, una causa en la que se enfrentará a diez años de cárcel y dieciocho de inhabilitación.

Fuentes judiciales han indicado a Efe que la Sala tiene previsto que la vista oral se celebre los días 9, 10 y 11 de junio, ocho meses después de que se conociera la sentencia del caso "Malaya", en la que fueron condenados 51 acusados, entre ellos Juan Antonio Roca, considerado el "cerebro" de la trama.

El que fuera concejal en Marbella de 1999 al 2003 fue detenido en octubre del pasado año en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando, tras introducir sus datos en el sistema, se avisó a las fuerzas de seguridad de que se trababa de un fugitivo de la justicia.

Lendínez se encuentra en prisión provisional por esta causa, ya que el tribunal denegó su libertad provisional antes de ser juzgado por los delitos que está acusado.

Fue miembro del equipo del GIL hasta que la moción de censura contra el exalcalde de Marbella Julián Muñoz lo apartó del poder en agosto del 2003, momento en el que se mantuvo en la oposición.

El tribunal que necesitó 199 sesiones para celebrar el macrojuicio tendrá que volver a celebrar una vista oral para Lendínez, aunque no será tan compleja.

Tras el arresto de Lendínez, aún están en situación de busca y captura el exconcejal del Ayuntamiento de Marbella Carlos Fernández y el empresario José Manuel Llorca.

En el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, se señala que Lendínez "entre las autoridades y funcionarios que han venido recibiendo dinero de la caja única de Roca" y al que se le identificaba con las iniciales de sus apellidos "LB" en los archivos informáticos localizados en la empresa Maras Asesores.

La acusación pública le atribuye la suma de 12.000 euros en sobres a su nombre y también presuntamente "participó en el cobro de dinero que se reparte en sobres innominados", entre otros.

Durante el registro de su domicilio se localizó 5.200 euros en efectivo, procedente de tales cobros, siempre según el fiscal.

Mediante tales pagos, Roca consiguió igualmente, atraerse la voluntad de otros concejales que, como Lendínez, en primer momento no apoyaron la moción de censura.

El sentido de los pagos a este concejal, según Anticorrupción, "era mantener el status quo urbanístico, esto es, permitir que las cosas se quedasen como estaban, contribuyendo a consolidar" la política urbanística de Roca.

Por todo ello, a Lendínez se le acusa de un delito de cohecho pasivo de carácter continuado para fin delictivo y acto injusto, por el que se le pide cuatro años y un día de prisión, inhabilitación para cargo o empleo público por diez años y multa de 30.000 euros.

Además, el fiscal le acusa de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, por lo que pide ocho años más de inhabilitación y seis de prisión, respectivamente.