París.- El Tribunal de lo Criminal de París rechazó hoy las demandas de puesta en libertad provisional de los presuntos etarras Peio Alcantarilla Mozota, José Ramón Arano Urbiola y Miguel Ángel Negrete Ortega, juzgados entre junto a los ex jefes de la banda Mikel Albisu y María Soledad Iparraguirre, entre otros.
Los jueces consideraron en su decisión de mantener en prisión a Alcantarilla, Arano y Negrete -acusados por haber tenido en sus propiedades en el País Vasco francés escondites con arsenales de armas y explosivos de ETA- se justificaba para evitar que escaparan a la acción de la Justicia.
El tribunal no aceptó las razones de los abogados de estos tres encausados, quienes habían subrayado el hecho de que llevan más de seis años en prisión provisional.
Por su parte, el fiscal, Jean-François Ricard, había insistido en recordar "la extrema gravedad de los hechos" por los que están imputados, en la medida en que se les responsabiliza de escondites en los que la organización terrorista almacenaba material "para matar".
No hubo demandas de liberación para los tres principales acusados en este proceso: la pareja formada por Albisu e Iparraguirre, y Juan Cruz Maiza, este último imputado como presunto responsable de la gestión y la supervisión de los escondites donde ETA tenía sus arsenales de armas y explosivos.
Buena parte de la sesión de tarde del juicio se dedicó a las alegaciones de Alcantarilla de haber sido "torturado" por la Guardia Civil española desde su arresto en la madrugada del 3 de octubre de 2004 cerca de Burgos y su comparecencia en la Audiencia Nacional de Madrid el 8 de ese mismo mes.
Su abogado Jean-François Blanco reclamó la comparecencia como testigos del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ante el que había comparecido su cliente en esa última fecha, y ante el que ya entonces denunció haber sido maltratado por las fuerzas del orden españolas, así como de una forense que había examinado a Alcantarilla en Madrid.
El presidente del Tribunal, Philippe Vandingenen, leyó una respuesta recibida del juez Andreu, en la que anunciaba que no acudiría a París por sus obligaciones y porque no tiene comentarios que hacer sobre los procedimientos realizados antes de que Alcantarilla fuese entregado a la justicia francesa.
También la forense española Ladrón de Guevara ha excusado con una carta -por no estar disponible- su presencia como testigo en este juicio, que tiene como base la operación que permitió el 3 de octubre de 2004 el arresto de nueve de los diez acusados que se sientan en el banquillo (cuatro comparecen libres) y el descubrimiento de escondites con grandes arsenales de la banda.
Blanco se quejó de que Andreu "no tiene derecho a negarse" a testificar, y señaló que su intención era preguntarle sobre la instrucción que llevó a cabo tras el arresto de Alcantarilla y sobre "los malos tratos y verdaderas torturas" que afirmó que su cliente había sufrido antes de comparecer ante el magistrado de la Audiencia Nacional.
El fiscal minimizó el relato que durante media hora hizo Alcantarilla de las supuestas "torturas" y vejaciones que dijo haber sufrido mientras estuvo arrestado por la Guardia Civil al señalar que es "una de las diferentes versiones" que ha dado de los hechos.
Ricard también insistió en que en este proceso se juzgan los elementos recogidos durante la instrucción en Francia, y es a eso a lo que hay que atenerse.
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