El TSJCyL dicta 17 nuevas sentencias que eximen de cursar Educación para la Ciudanía

  • Burgos.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado 17 nuevas sentencias que reconocen a padres objetores burgaleses el derecho a que sus hijos sean eximidos de la obligación de cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC).

El TSJCyL dicta 17 nuevas sentencias que eximen de cursar Educación para la Ciudanía
El TSJCyL dicta 17 nuevas sentencias que eximen de cursar Educación para la Ciudanía

Burgos.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado 17 nuevas sentencias que reconocen a padres objetores burgaleses el derecho a que sus hijos sean eximidos de la obligación de cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC).

Según informa hoy la plataforma "Burgos educa en Libertad", los menores exonerados en estas recientes resoluciones son 63, que vienen a sumarse a los 41 que habían sido amparados por efecto de las 10 sentencias notificadas anteriormente.

Con los de hoy, son 27 los fallos favorables a las familias objetoras de la provincia burgalesa y ascienden a 104 el número de niños y adolescentes que quedan eximidos de la obligación de asistir a las clases de EpC y de ser evaluados de esas materias.

En el conjunto de la Comunidad, 538 menores han sido dispensados por el TSJCyL en las 239 sentencias acordadas.

Ello, según esta plataforma, no causará ningún perjuicio en relación con la promoción de curso ni en lo referente a la obtención de títulos académicos.

La portavoz de la plataforma, Ángeles Peña, ha pedido al consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, "un mínimo de sensibilidad y de coherencia", ya que "fue él mismo quien hace año y medio" les "empujó a acudir a la Justicia para reivindicar sus derechos"

"Ahora, según el comunicado, cuando el TSJ exime de cursar EpC a nuestros hijos, nos echa en cara haber judicializado la cuestión".

Peña, en declaraciones a Efe, ha observado que de lo expuesto por el propio Tribunal se deduce más bien que el responsable de esa judicialización es el propio Mateos, ya que los magistrados hacen constar en sus resoluciones que "las autoridades educativas autonómicas podrían haber entendido existentes los derechos reclamados y en consecuencia hacer efectivo su respeto".

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