Madrid.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) está estudiando hoy si admite el recurso presentado por el Partido Popular contra el auto en el que el instructor del "caso Gürtel", Antonio Pedreira, se inhibió de parte de la causa en favor del TSJ de Valencia (TSJCV), han informado fuentes jurídicas.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJM debe decidir si la inhibición de Pedreira fue ajustada a derecho o si, por el contrario, fue una decisión infundada y precipitada, como mantiene el PP, que sostiene que no se ha demostrado una conexión entre los hechos investigados por el tribunal madrileño y la llamada "causa de los trajes" que se instruye en Valencia.
El pasado 15 de julio el juez Antonio Pedreira ya rechazó el anterior recurso de reforma presentado por el Partido Popular contra su decisión, tras lo que los 'populares' recurrieron en apelación, por lo que debe ser la Sala de lo Civil y Penal la que se pronuncie en última instancia.
El magistrado remitió al TSJCV los indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 -fecha de las últimas elecciones locales y municipales- y 2008, además de los de cohecho y prevaricación que afectan a varios dirigentes del PP valenciano y la Generalitat, entre ellos el presidente, Francisco Camps.
El PP pide que se revoque dicha inhibición al considerar que no se han acreditado los hechos que imputa la Fiscalía, ni la participación en tales hechos de Camps, o del ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret y el ex secretario general de los 'populares' valencianos Ricardo Costa.
En el auto en el que Pedreira desestimó el primer recurso del PP contra su inhibición a Valencia, el magistrado insistía en que al afectar la investigación a personas aforadas, éstas tendrían que ser imputadas en el tribunal valenciano.
Por otra parte, Pedreira ha acordado hoy en un auto, al que ha tenido acceso EFE, prorrogar por un mes más el secreto de las comunicaciones intervenidas en prisión a los tres principales imputados, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus abogados.
La prórroga del secreto afecta también a la documentación intervenida en diferentes registros, ya que, según explica el magistrado, dado su "ingente volumen", su análisis aún no ha concluido, y de su estudio puede depender el éxito de las actuaciones.
El magistrado justifica también la nueva prorroga del secreto por la dificultad de la investigación de los delitos que se imputan y la necesidad de practicar nuevas diligencias y ampliar otras, especialmente las relativas a las comisiones rogatorias cursadas a varios países.
En otro auto, el magistrado rechaza los recursos presentados por los abogados de varios imputados contra el mantenimiento del secreto de las conversaciones grabadas en la cárcel a Correa, Crespo y Sánchez, a cuyos letrados sí permitió conocer el contenido en una "audición reservada".
Pedreira argumenta que dicha audición reservada, antes de permitir el acceso del resto de las partes a las conversaciones, es una medida necesaria para preservar los derechos de los imputados y evitar que datos íntimos o reservados puedan ser conocidos por otros.
En este sentido, considera que los numerosos recursos planteados en la causa demuestran "el propósito deliberado de paralizar el proceso a través de toda clase de fraudes y artilugios de alguna de las partes".
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