España archiva el caso Tíbet por reforma en aplicación de justicia universal

Madrid, 23 jun.- El pleno de la Audiencia Nacional española archivó hoy las causas del presunto genocidio en el Tíbet y la de la persecución a los seguidores del grupo Falun Gong en China porque, tras la reforma de la justicia universal aprobada en marzo, no se cumplen los requisitos para investigar estos casos en España.

Según informaron fuentes jurídicas, los magistrados decidieron archivar estas dos causas, que investigaba el juez Ismael Moreno, con nueve votos favorables y siete en contra.

Consideraron que no se cumple ninguno de los requisitos que contempla la reforma de la justicia universal para estos delitos: los ocho querellados no son españoles ni residen en España, ni se denegó su extradición por parte de las autoridades españolas.

Los siete magistrados contrarios al archivo dudaban de la constitucionalidad de la reforma y por ello querían enviar estos casos al Tribunal Constitucional para que decidiera si va en contra de los preceptos de la Carta Magna.

El pasado 10 de febrero, el juez Moreno ordenó la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco exdirigentes chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet, una causa que según críticos con la reforma fue el detonante de que el Gobierno español limitase la aplicación de la justicia universal.

El juez investigaba también la muerte entre 1999 y 2002 de seguidores de Falun Gong, práctica espiritual prohibida por China en 1999, al estimar un recurso de ese movimiento y después de que en 2006 el Tribunal Supremo español ordenara a la Audiencia Nacional instruirlo.

El pleno sí acordó hoy continuar la investigación abierta por el asesinato del ciudadano español Baby Hamday Bugema, muerto en el asalto en octubre de 2010 al "Campamento de la dignidad" establecido cerca de El Aaiún, en el Sahara Occidental.

Por estos hechos, el hermano del fallecido presentó una querella por genocidio y lesa humanidad contra varios ministros de Marruecos y altos cargos policiales de ese país, entre ellos el exministro del Interior marroquí, Taib Cherkaui, y el exgobernador de El Aaiún, Mohamed Jelmous.

En este caso, los magistrados, siguiendo el criterio de la Fiscalía, se declaran competentes al entender que España sigue siendo potencia administradora de derecho sobre el territorio del Sahara, conforme a las normas de Naciones Unidas.

El pleno acordó por último confirmar la falta de jurisdicción de España para investigar a ocho marineros egipcios que fueron detenidos el 6 de marzo de 2014 en un buque sin bandera que navegaba en aguas internacionales y que transportaba 9.851 kilos de hachís.

Como ya se pronunciaron en otras ocasiones, los magistrados entienden que con la nueva ley de jurisdicción universal los tribunales españoles no son competentes para investigar estos hechos.

Desde la reforma de la justicia universal aprobada en marzo, el pleno ya ha avalado la liberación de medio centenar de narcotraficantes extranjeros apresados en barcos fuera del territorio español.