España desclasifica los documentos sobre desaparecidos españoles en Argentina

Madrid, 16 dic.- El Gobierno español acordó hoy desclasificar los documentos archivados en la Embajada y consulados de España en Argentina referentes a varios cientos de españoles desaparecidos durante la dictadura militar en ese país.

La decisión la adoptó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en su último Consejo de Ministros celebrado hoy, antes de que la semana próxima asuma el poder el Partido Popular, e incluye también los expedientes de las denuncias presentadas por ciudadanos españoles o sus descendientes por desapariciones forzadas.

La petición para que se entregara una copia de esos documentos -llamados "legajos desaparecidos 1970-1980- la hizo, el pasado 29 de septiembre, el juez instructor del Juzgado Central de Instrucción número 5 Pablo Ruz, quien reactivó así el sumario abierto en 1997 en la Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón por delitos de genocidio, tortura y crímenes de lesa humanidad, entre otros.

En el marco de ese sumario, el 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional española condenó al militar represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión por participar, entre otros crímenes, en los "vuelos de la muerte".

En octubre pasado, el juez Ruz, con el informe favorable de la Fiscalía, ordenó al Ministerio de Exteriores español y a la Embajada española en Buenos Aires que entregaran los documentos secretos sobre españoles secuestrados depositados en la legación diplomática.

El sumario de la Audiencia Nacional, oficialmente investiga la supuesta desaparición de 600 españoles, aunque se desconoce el número exacto.

En su decisión de hoy, el Gobierno español afirma que "teniendo en cuenta el carácter excepcional de las circunstancias del procedimiento y la naturaleza de los hechos que se investigan y la gravedad tanto de la calificación que pudieran merecer tales hechos como de las penas que pudieran corresponderles" se autoriza la desclasificación.

Pero agrega que, en virtud de la Ley de los Secretos Oficiales, y para "conciliar la protección de la seguridad del Estado, de una parte, y el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, de otra", se pide "la máxima protección y reserva procesal posible".