España se juega esta semana las "joyas" de su presidencia de la UE

Madrid.- La presidencia española pondrá sobre la mesa esta semana buena parte de los principales objetivos que se había marcado durante su semestre de mandato, como el de fijar las bases de una nueva estrategia económica y financiera de la UE que evite en el futuro crisis como la actual.

Los líderes europeos se reunirán el próximo jueves en Bruselas en la cumbre con la que se cerrará en la práctica la presidencia española después de meses de turbulencias a causa de la situación económica.

"Las cinco joyas de la corona se deciden ahora. Se juzgará a la presidencia por lo que pase en esta cumbre", opina el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido.

De las cinco "joyas", una está encarrilada, como es la orden de protección de las víctimas de la violencia de género, después de que España consiguiera la semana pasada un acuerdo político para impulsar su implantación, aunque con el rechazo de algunos países y de la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding.

Las otras cuatro prioridades que están en juego son la aprobación de la llamada Estrategia 2020 -las metas de empleo y crecimiento para esta década- y de las nuevas normas de regulación del mercado financiero, así como la puesta en marcha del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y de la Iniciativa Legislativa Ciudadana.

Según López Garrido, de conseguirse estos objetivos, España terminará airosa su presidencia, después de "lidiar con todo tipo de crisis, hasta las volcánicas", en alusión a los problemas que provocó la nube de ceniza de Islandia.

Como señaló en un encuentro con periodistas esta semana, el secretario de Estado cree "frívolo" hablar del "fracaso" de la presidencia por motivos como la suspensión de las cumbres con Estados Unidos y de la Unión por el Mediterráneo sin esperar a lo que ocurra esta semana.

Se da por hecho que los líderes europeos aprobarán la Estrategia 2020, que incluye una serie de retos para esta década, como aumentar al 75 por ciento la tasa de empleo y al 3 por ciento el nivel de inversión en investigación y desarrollo.

Las medidas que se adoptarán para exigir su cumplimiento no se aprobarán, en cambio, hasta octubre, cuando España haya cedido el testigo a Bélgica.

La presidencia española cuenta igualmente con que el Consejo Europeo dé luz verde al paquete de actuaciones de control de los mercados financieros, aunque con la incógnita de saber cuál será su grado de ambición.

España quiere que al menos haya un acuerdo sobre las agencias de calificación de riesgo y los fondos de alto riesgo ("hedge funds").

Alemania y Francia han pedido añadir un impuesto a la banca y una regulación de las llamadas ventas al descubierto de activos, aunque está por ver la postura de países como el Reino Unido.

El primer ministro británico, David Cameron, que se estrenará en una cumbre de la UE, es reacio además a que Bruselas revise los presupuestos nacionales para evitar nuevos casos como el de Grecia al considerarlo una injerencia en sus competencias.

España apoya este control presupuestario a las cuentas porque es "lo que da sentido" a la unión económica que se quiere alcanzar a través de la coordinación de las políticas de todos los socios, según López Garrido.

Tampoco será fácil lograr un acuerdo en la cumbre sobre el futuro SEAE, puesto que se deben superar los recelos entre las partes involucradas en la definición del futuro cuerpo diplomático comunitario, en especial, entre el Parlamento Europeo y la Comisión.

Más allanado está el camino para lanzar la Iniciativa Legislativa Ciudadana, que amplía las opciones de proponer nuevas leyes reuniendo un determinado número de firmas.

La semana decisiva de la presidencia de turno comenzará mañana en Luxemburgo con la reunión de ministros de Exteriores.

En esta cita, España defenderá el fin del bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza y agotará sus últimos esfuerzos para intentar suavizar la política de la UE hacia Cuba, empeño personal del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

El cambio de la llamada posición común, vigente desde 1996, no cuenta con respaldo suficiente de los Veintisiete por la falta de compromiso del régimen castrista en avanzar en el respeto de los derechos humanos pese a sus últimos gestos sobre presos enfermos.