España tendrá ley de seguridad nacional antes de verano

El Gobierno anunció hoy que espera que la futura Ley de Seguridad Nacional entre en vigor en “próximas fechas”, lo que podría ser antes de verano, una vez que la nueva norma sea remitida al Congreso para su debate y aprobación. El texto se encuentra actualmente en el Consejo de Estado, que analiza el anteproyecto desde enero.
A este asunto se refirió hoy en la Cámara Baja Jorge Moragas, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y Secretario del Consejo de Seguridad Nacional de España, que preside Mariano Rajoy.
Moragas compareció durante esta mañana en la Comisión Constitucional, donde presentó el Informe Anual de Seguridad Nacional 2014, en el que se analizan las principales amenazas que tiene ahora España, entre las que se encuentra el yihadismo y el ciberterrorismo.
Durante esta comparecencia, el secretario de Estado se refirió a que espera que en “dos o tres semanas” el anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional vuelva al Consejo de Ministros desde el Consejo de Estado, donde el texto fue remitido en enero. Tras un nuevo examen de la iniciativa legislativa por parte del Gobierno, el proyecto será remitido al Congreso para su debate y aprobación.
“NUEVOS RIESGOS Y AMENAZAS”
A este respecto, Moragas señaló que espera que esta norma sea aprobada por las Cortes en “próximas fechas”, de manera que no haya que esperar al “viacrucis estival” de aprobación de proyectos legislativos. Aludía así a la intención del Ejecutivo de habilitar el próximo mes de agosto en la Cámara Baja para dar el visto bueno definitivo a distintas normas.
El anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional, analizado por el Consejo de Ministros en enero pasado, aseguraba que esta iniciativa legislativa busca adecuar la protección de España “a los nuevos riesgos y amenazas” y “actualizar las estructuras existentes para fortalecer la prevención y respuesta ante situaciones de crisis”.
El Ejecutivo también dijo entonces que la futura ley “responde a la demanda compartida de mejorar la coordinación y resolver los problemas que plantea una actuación compartimentada frente a los riesgos y amenazas de carácter transversal propios de nuestros días”.
Así, con esta ley orgánica, se busca que el Estado potencie “sus capacidades para responder a desafíos de índole muy diversa -por ejemplo, ciberseguridad, terrorismo, catástrofes naturales, vulnerabilidad energética, etcétera-“. El Gobierno destacó que estas amenazas tienen “el denominador común de golpear los cimientos del Estado de derecho y poner en riesgo la libertad y el bienestar de los ciudadanos”.