Esposa del fundador de Sendero Luminoso es cambiada de prisión por entrevista

Lima, 16 sep.- Elena Iparraguirre, esposa del fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue cambiada de prisión por medidas de seguridad, tras dar una entrevista a un medio extranjero, confirmó el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), José Luis Pérez Guadalupe, según sus declaraciones difundidas hoy.

La autoridad penitenciaria informó que el traslado de la prisión de máxima seguridad del distrito de Chorrillos hacia la cárcel Virgen de Fátima, en la misma localidad limeña, se realizó la madrugada del jueves pasado con otras 24 internas.

Según el jefe del Inpe, el grupo de internas del régimen de máxima seguridad estaba junto con presas comunes, razón por la cual se decidió su traslado desde marzo pasado.

Sin embargo, tras la difusión este mes de una entrevista escrita dada por Iparraguirre, la exnúmero dos de Sendero, a la revista The Economist, Pérez Guadalupe justificó que "si vemos que hay un fallo de seguridad, no vamos a esperar que se repita".

En la entrevista, la sentenciada por terrorismo declaró que Sendero había sido derrotado militarmente, pero no políticamente, aunque dijo desconocer quiénes son los cabecillas de los remanentes en el Huallaga y en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, comentó que el traslado de la "camarada Miriam" era una medida acertada porque "ningún interno puede dar declaraciones a los medios ni dar alguna información".

"Luego ya se verá la sanción por faltar a las medidas del penal", agregó Jiménez tras confiar en que se investigue y se sancione a los responsables.

Entre el 89 y 79 por ciento de personas de Perú considera que Sendero Luminoso no tiene derecho a participar en las próximas elecciones con un partido político y que tampoco tiene derecho a expresar públicamente sus ideas a favor de la lucha armada, según una encuesta de la empresa Apoyo publicada hoy en Lima.

La organización fundada por Abimael Guzmán en 1980 es responsable de la muerte y desaparición de unas 70.000 personas en el país hasta el año 2000, de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.