Ésta es la propuesta de los sindicatos para reformar las pensiones

La Fundación Primero de Mayo ha elaborado un documento que resume la posición de los sindicatos ante la reforma de pensiones, un cambio que los representantes de los trabajadores admiten necesario, pero con unas propuestas diferentes a las del Gobierno.

El informe "Criterios y alternativas para abordar una nueva reforma del sistema público de pensiones", elaborado por el secretario confederal de Seguridad Social de Comisiones Obreras, Carlos Bravo, resume la postura que están defendiendo los sindicatos en sus negociones con el Ministerio de Trabajo.

Unas conversaciones cuyo principal punto de fricción está siendo el rechazo de los CCOO y UGT a retrasar la edad legal de jubilación a los 67 años, porque consideran que el problema demográfico debe resolverse por otras vías.

Pero además, los sindicatos rechazan cualquier opción de modificar el actual sistema de reparto (los trabajadores actuales financiación la pensión de los jubilados) por fórmulas de capitalización (cada trabajador ahorra sólo para su pensión, no para financiar ajenas); y argumentan que alejarse demasiado del actual esquema de pensiones pondría en riesgo su viabilidad.

Aquí están sus cinco grandes argumentos:

El problema demográfico: Los sindicatos rechazan que la demografía, por sí sola, ponga en peligro el sistema de pensiones, de ahí que se opongan a retrasar la edad de jubilación, ya que la historia reciente ha demostrado que factores inesperados como la inmigración pueden echar por tierra las previsiones. No obstante, reconocen "el tremendo reto demográfico que en apenas unas pocas décadas tendremos que enfrentar" y admiten que en 2060 el sistema deberá soportar a unos 16,5 millones de pensiones, el doble que ahora, con mayor esperanza de vida. "Por tanto, sabemos con certeza que la evolución demográfica nos llevará a tener que pagar más pensiones y durante más tiempo", admiten los sindicatos.

Para combatir esta amenaza, los representantes de los trabajdores proponen una política de lo más conservadora: fomentar la natalidad (critican que las parejas tienen menos hijos de los que desearían), favorecer la conciliación, establecer políticas de ayudas a las familias con hijos, refuerzo de las escuelas infantiles... Además, debido a la gran diferencia de natalidad entre países ricos y pobres, consideran que la inmigración seguirá siendo otra importante variable demográfica.

2-. Calidad de empleo: El mercado laboral es, según los sindicatos, la variable que más puede incidir en las pensiones, ya que cuanto más empleo y de mayor calidad se cree, se conseguirán mejores sueldos y, por tanto, habrá más aportaciones al sistema de pensiones. Además, tanto la reforma del mercado laboral como la de pensiones son cambios estructurales, cuyo objetivo no es lograr frutos a corto plazo, sino construir un sistema sostenible a largo, de ahí que ambas deberían hacerse en la misma dirección. En este sentido, los sindicatos ponen el acento en mejorar la productividad española, para así lograr más empleo de mayor calidad y con mejores salarios.

Además, piden medidas que eviten la expulsión del mercado laboral de más de 55 años, ya que "tiene un impacto directo sobre sus carreras de cotización y, por extensión, sobre las pensiones a las que generan derecho". De hecho, las cifras que maneja la Seguridad Social indican que casi un 20% de los trabajadores ven reducida su base de cotización durante los últimos 17 años de su vida laboral. Suma y sigue, porque según denuncian los sindicatos, más del 30% de las nuevas altas de jubilación corresponden a trabajadores en desempleo, y, el 10% lo hace directamente desde el subsidio de mayores de 52 años.

Estos argumentos llevan  a los representantes de los trabajadores a oponerse al retraso de la edad de jubilación, ya que consideran que la solución debe buscarse en conseguir que las personas lleguen a los 65 años en activo y con un empleo de calidad que les permita cotizar por una buena pensión. Además, proponen que aquellos que hayan cotizado 40 años puedan jubilarse, independientemente de su edad. En esta misma línea, admiten que debe ajustarse más la pensión a toda la vida laboral, lo que está en línea con la propuesta de ampliar la base de cálculo.

3-. Unificar todos los regímenes para la equidad del sistema: Integrar los regímenes especiales en el régimen General de la Seguridad es uno de los cambios que defienden los sindicatos, ya que los colectivos autonómos, del mar, del sector agrario y del hogar cotizan por porcentajes inferiores que se terminan traduciendo en unas pensiones insuficientes que exigen al Estado reforzarlas con los conocidos como complementos mínimos, con el coste que tiene para el sistema (un tercio de estos trajadores requieren complementos).

En esta misma línea, los sindicato defienden "evitar los instrumentos legales que actualmente posibilitan en algunos regímenes especiales la planificación en la cotización como, por ejemplo, el hecho de que los trabajadores autónomos no tengan referenciada su base de cotización a sus ingresos reales".

4. La obligatoriedad del consenso político: Lejos de tender una mano al Partido Socialista, el documento de la Fundación Primero de Mayo recuerda que la primera movilización de los sindicatos contra una reforma unilateral de las pensiones por parte del Gobierno se remonta a la Ejecutiva del PSOE de 1985.  Desde entonces, los sindicatos siempre se han opuestos a cambios que actúen sólo sobre el recorte del gasto y, como sostienen ahora, han defendido que estos cambios incluyan modificaciones en todo el mercado laboral, con el consenso de todos los agentes, lo que terminó derivando en 1995 en el Pacto de Toledo.

Este método de consenso ha permitido diseñar estrategias a largo plazo y, por tanto, "se hace prioritario desde la perspectiva sindical cuidar la permanencia de este método", señala el documento, que considera la posible ruptura del Pacto de Toledo como el mayor riesgo al que se enfrenta el sistema. "El consenso ya se ha roto con la congelación de pensiones y la modificación unilateral de los plazos transitorios pactados en el acuerdo de Pensiones de 2006", para adaptar el régimen de acceso a la jubilación parcial y el periodo mínimo cotizado necesario para acceder a una pensión.

"Subsanar el daño causado requiere que el Gobierno abandone la propuesta de retrasar la edad legal de jubilación, de forma obligatoria y generalizada, hasta los 67 años", señalan los sindicatos, que también acusan al Partido Popular de falta de sentido de Estado al intentar utilizar las pensiones como arma electoral, forzando uuna ruptura del Pacto de Toledo. Por tanto, piden a todos los partidos consenso.

5-. Reforzar la base de ingresos: Para conseguir este objetivo, y evitar que la viabilidad del sistema sólo se busque por el lado del recorte del gasto, los sindicatos defienden mantener las cotizaciones por contingencias comunes, destinar las cotizaciones sociales íntegramente a las pensiones contributivas, de tal manera que los complementos a las pensiones mínimas corran a cargo de los Presupuestos Generales; e, incluso, pasar al Estado la nómina de los empleados de la Seguridad Social, en vez de cubrirlas con las cotizaciones. Respecto a las pensiones mínimas, proponen elevarlas en la misma cuantía que el salario mínimo interprofesional.