Estafadores de monjas Nicaragua serán también acusados de crimen organizado

  • Los socios de la empresa Internacional Investments and Financial Services, Inc., con sede en Panamá, acusados de estafar a unas monjas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, serán también acusados por el delito de crimen organizado, anunció hoy el Ministerio Público.

Managua, 3 oct.- Los socios de la empresa Internacional Investments and Financial Services, Inc., con sede en Panamá, acusados de estafar a unas monjas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, serán también acusados por el delito de crimen organizado, anunció hoy el Ministerio Público.

El fiscal auxiliar nicaragüense Douglas Vargas dijo a periodistas que los acusarán por crimen organizado, porque ya suman doce las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público contra los tres nicaragüenses socios de la empresa fundada en Panamá el 12 de junio de 2009.

La Fiscalía de Nicaragua acusó el mes pasado a los directivos y socios de esa empresa, los nicaragüenses Álvaro Montealegre Rivas, Roberto Bendaña y Hugo Paguaga por los delitos de ofrecimiento fraudulento y estafa agravada en perjuicio de unas religiosas.

Según la Fiscalía, que basa su acusación inicial en una denuncia de las monjas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, la empresa Internacional Investments and Financial Services estafó a las religiosas al no devolverles 526.433 dólares que habían colocado en certificados a plazo fijo.

El juez Henry Morales, titular del Juzgado Sexto del Distrito Penal de Audiencia de Managua, ordenó el arresto domiciliario con custodia, el levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de cuentas, acciones y títulos de valores de los tres acusados.

El fiscal auxiliar dijo que con la nueva acusación, por el delito de crimen organizado, pedirán se les ordene prisión preventiva.

La firma panameña adeuda al menos cinco millones de dólares a unas 30 personas, de acuerdo con el Ministerio Público.

En tanto, uno de sus socios, Montealegre Rivas, también enfrenta 73 denuncias administrativas de extrabajadores del centro de llamadas Almori, que cerró tras el escándalo y del cual era propietario.

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