Santiago de Chile, 19 jun.- En América Latina, "las estructuras de las fuerzas de seguridad lamentablemente siguen estando muy relacionadas con un pasado que ha marcado mucho a esta región", señaló hoy el representante de la ONU para los derechos en América del Sur, Américo Incalcaterra.
"Ahí hay un tema pendiente, sin ninguna duda. Hay resabios del pasado", señaló este jueves en un encuentro con corresponsales extranjeros el representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Por ello, a juicio de Incalcaterra, "hay una necesidad de democratizar y entender el verdadero rol que le corresponde a las fuerzas de seguridad en un Estado democrático".
Respecto a la eclosión de los movimientos sociales en América Latina en los últimos años, Incalcaterra consideró que es un fenómeno que responde al empoderamiento de los ciudadanos.
"La relación entre ciudadanía y Estado está cambiando", como quedó de manifiesto, por ejemplo, con el movimiento estudiantil surgido en Chile en marzo de 2011.
"Y a la vez se ha visto la incapacidad para responder estructuralmente a estos reclamos por parte de los Estados, que lo han hecho principalmente de una manera represiva", agregó.
El representante del ACNUDH destacó la forma en que el Gobierno chileno está respondiendo a demandas históricas, como las de los pueblos originarios, el derecho a la educación y la despenalización del aborto en determinados casos.
"Son ejes temáticos que vemos positivamente que este Gobierno está asumiendo con una apertura al diálogo que nos parece importante", dijo.
El ACNUDH ve con buenos ojos que la futura Constitución chilena "incorpore claramente" los derechos de las comunidades indígenas y también que se vaya a modificar la ley antiterrorista, "para que no se aplique cuando no corresponda".
"La legislación penal es suficientemente amplia para perseguir la comisión de delitos" como el asesinato del matrimonio Luchsinger Mc Kay, ocurrido en enero de 2013 y por el que cumple condena un comunero mapuche.
En línea con lo expresado por el relator especial para los Derechos Humanos de la ONU, Ben Emmerson, cuando visitó Chile en marzo pasado, Incalcaterra se mostró en contra de usar la legislación antiterrorista en el caso de las reclamaciones de los pueblos originarios.
Este asunto, junto con el aborto terapéutico y la defensa de la diversidad de las familias, figura entre las 185 recomendaciones que ha recibido Chile tras someterse al Examen Periódico Universal (EPU) en un proceso que concluyó hoy en Ginebra.
El EPU es un mecanismo en virtud del cual los Estados son revisados cada cuatro años en la promoción y respeto a los derechos humanos por otros países miembros de Naciones Unidas.
Pero a diferencia de las recomendaciones que hacen los expertos de los comités de los órganos de la ONU sobre los acuerdos ratificados y la legislación internacional, que son de obligado cumplimiento, "el EPU es un ejercicio político, porque son los gobiernos los que se revisan entre sí", explicó Incalcaterra.
Chile ha pasado de 77 recomendaciones en 2010 a 185 ahora, pero el representante del ACNUDH precisó que "esto no significa que el país esté peor en materia de derechos humanos", sino que los Estados se sienten más dispuestos a realizar observaciones.
Incalcaterra comentó que al ACNUDH "le llamó la atención" el alto número de observaciones que en enero de este año presentó el Gobierno chileno, entonces encabezado por Sebastián Piñera, a las 185 recomendaciones, que sin embargo han sido admitidas en su inmensa mayoría (180) por el Ejecutivo de Michelle Bachelet.
Entre las recomendaciones no aceptadas está la pretensión de Bolivia de contar con una salida al mar y otras relacionadas con reconocimiento de los derechos de inmigrantes bolivianos de entrar y salir del país.
Tampoco fue aceptada la recomendación de la Santa Sede sobre el momento del nacimiento de un nuevo ser, que el Vaticano considera que se produce en la concepción y Chile, a partir de la separación de la madre.
Y otras dos recomendaciones de la Santa Sede y de Bangladesh que reducen el concepto de familia a un hombre y una mujer, mientras que Chile tiene una visión más amplia.
El responsable de la oficina de derechos humanos para América del Sur de Naciones Unidas concluyó que "Chile muestra una tendencia hacia el cumplimiento de sus obligaciones".
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