En vista pública, se estudiará si procede prorrogar su estancia en la cárcel otros dos años más hasta agotar el tiempo máximo que una persona puede permanecer en prisión sin haber sido juzgada. Granados está investigado por los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude.
La Audiencia Nacional ya ha rechazado su petición de ponerle en libertad en tres ocasiones. El pasado mes de junio, Velasco no estimó la reclamación del ex consejero madrileño al considerar que podría haber "graves riesgos de obstrucción y alteración de las fuentes de prueba" que podrían afectar a la investigación.
Además, Velasco reiteró que Granados se valió de sus cargos públicos, tanto a nivel local como autonómico, para crear una "cadena de deleznables favores y conductas impropias" dedicadas a obtener beneficios ilegales a través de contrataciones públicas amañadas y con recalificaciones de terreno.
Esto mismo fue asumido un mes más tarde por la Sala Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional al desestimar el recurso de apelación que presentó ante la decisión del juez instructor. El tribunal entendió que su puesta en libertad podría hacer desaparecer documentación que un futuro "pudiera comprometerle", así como "comprar voluntades" de terceros y, además, evitaba así que pudiera fugarse.
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