Eta. Catalá anuncia que no se pagará ninguna indemnización a etarras que deban dinero a las víctimas


El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró hoy en el Congreso que el Gobierno no tiene intención de pagar ninguna indemnización que puedan fijar instancias internacionales, como el Tribunal de Estrasburgo, a etarras que tengan pendiente el pago de compensaciones económicas a las víctimas.
Catalá se refirió a este asunto en el pleno de la Cámara Baja, donde el diputado de Amaiur Mikel Errekondo le preguntó sobre si el Ejecutivo va a respetar “las resoluciones judiciales dictadas internacionalmente”.
A este respecto, el ministro dijo que el Estado español respeta “estrictamente” las decisiones de los tribunales internacionales y las obligaciones de los acuerdos firmados por el país con otros países y organizaciones.
No obstante, el ministro aludió, aunque sin citarla, al caso de la etarra Inés del Río, a la que el Tribunal de Estrasburgo dijo que hay que indemnizar con 30.000 euros por haberse prolongado su estancia en la cárcel en virtud de la ‘doctrina Parot’, que fue anulada tras una sentencia contraria de los jueces europeos.
"DEUDA CONTRAÍDA"
En este sentido, Catalá dijo que esta terrorista fue condenada a más de 3.800 años de cárcel, a pesar de lo cual el Tribunal de Estrasburgo dijo que había sufrido “daños morales” que debían ser indemnizados. Sin embargo, el ministro dijo que esta compensación “va a ser aplicada a la deuda que tiene contraída con las víctimas de sus asesinatos”.
Fuentes de Justicia informaron a Servimedia de que este caso es extrapolable al de todos los terroristas que consigan algun tipo de sentencia favorable con indemnización, pero que deban dinero a las víctimas. Esto supone que se les descontará la compensación del dinero que deben a los afectados por su acción terrorista.
Por su parte, Errekondo se quejó de que España no cumpla resoluciones como ésta del Tribunal de Estrasburgo referida a Inés del Río, así como otras, como la de la juez argentina que pide detener a varios exministros con el régimen franquistas.
El diputado de Amaiur sostuvo que estos casos de no cumplimiento de resoluciones judiciales internacionales se refieren a la “violencia de Estado” y emplazó al Gobierno a reconocer el “sufrimiento multilateral” para consolidar situaciones como la paz en el País Vasco. A este respecto, citó los casos de Josu Muguruza, diputado de HB asesinado en 1989 por la ultraderecha, y Arnaldo Otegi, encarcelado por su vinculación con ETA.

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