Eta. Upyd pide medidas que garanticen el voto de los electores desplazados por la violencia de eta

El Grupo Parlamentario UPyD , liderado por Rosa Díez, ha presentado una iniciativa “para garantizar el voto de los electores desplazados por la presión y la violencia de la banda terrorista ETA”.
Se trata de una proposición no de ley que la líder de UPyD , Rosa Díez, ha presentado para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados.
En la exposición de motivos, UPyD señala que “el derecho fundamental de libre elección de domicilio habría sido conculcado en el momento en el que el cambio de residencia se produce por motivos ajenos al a voluntad de los afectados, debiéndose a presiones sociales derivadas de la situación de presión y hostigamiento social que muchas de las personas exiliadas han padecido”.
“Es necesario el reconocimiento del daño sufrido por las víctimas del terrorismo permitiendo a los ciudadanos que abandonaron el País Vasco y Navarra por la presión de ETA ejercer el derecho de sufragio en sus anteriores lugares de residencia”, continua el texto presentado por Rosa Díez.
UPyD defiende la necesidad de “llevar a cabo medidas que neutralicen la ‘depuración’ del censo electoral practicada por la banda terrorista ETA a base de asesinatos, extorsiones y presiones”.
“Toda inacción en este campo sería reconocer el éxito del terror al haber modificado en su beneficio los censos electorales y haber privado de derechos fundamentales a numerosos ciudadanos mediante la estrategia del miedo y la coacción”, afirma Díez.
INTENCIÓN
Asimismo, recuerda que “el Gobierno, a través del Ministro del Interior, ya señaló su intención de lleva a cabo una reforma en la Ley Orgánica del Régimen electoral General en este sentido hace más de un año”, pero, lamenta, “todavía no se han producido movimientos significativos por su parte”.
Recuerda que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales publicó una propuesta de modificación de la Ley orgánica 6/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el voto de dicho colectivo “que todavía no se ha plasmado en una indicativa real por parte del Gobierno”.
Por esta razón, quiere que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a “remitir, en el plazo de tres meses, un proyecto de ley para el reconocimiento del derecho al voto en el País Vasco y Navarra de aquellas personas, y sus descendientes, que se vieron obligadas a abandonar la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra por la amenaza directa de la banda terrorista ETA y las presiones de su entorno”.