Adis Abeba, 11 sep.- El Gobierno de Etiopía ha anunciado la detención de 30 opositores en la última semana, bajo la acusación de que planeaban atentados terroristas en este país del Cuerno de África, mientras que la oposición asegura que se trata de la enésima redada para reprimir la disidencia política.
En declaraciones recogidas por la prensa local, el subcomisario de la Policía Federal, Demelash Woldemikael, aseguró que todos los detenidos tienen vínculos con el Frente de Liberación de Oromo (OLF, en inglés), un movimiento secesionista que el Ejecutivo de Adis Abeba incluyó en su lista de grupos terroristas el pasado año.
"Todos recibieron entrenamiento del OLF y hemos encontrado suficientes pruebas que indican que planeaban atentados", dijo Woldemikael, quien agregó que las detenciones comenzaron el 27 de agosto.
Sin embargo, la coalición opositora Medrek ("Foro", en idioma amhárico), la mayor del país, dijo el viernes que los arrestos responden a una política gubernamental de represión a las opiniones discordantes con el autoritario régimen del primer ministro etíope, Meles Zenawi, en el poder desde 1991.
Siete de los sospechosos arrestados son miembros del Congreso del Pueblo de Oromo (OPG), mientras que otros dos forman parte del Movimiento Federalista Democrático de Oromo (OFDM).
Tanto Medrek como la ONG de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch han acusado al Gobierno etíope de cebarse con los opositores de la etnia oromo, las más numerosa del país, con 27 de los 80 millones que componen Etiopía, y que están distribuidas en el centro y sur del país.
Pero para Meles, los supuestos terroristas están usando su afiliación a diversos partidos para ocultar sus presuntas actividades subversivas.
El pasado marzo, otros 121 oromos fueron arrestados bajo la acusación de pertenecer al OLF, mismo pretexto que sirvió para arrestar, el mes pasado, a dos líderes del OPG y del OFDM.
Según Medrek, estos dos arrestos se produjeron después de que los líderes opositores se reunieran con una delegación de Amnistía Internacional (AI), que ha confirmado que el encuentro se celebró.
La Policía, no obstante, asegura que "la actividad política (de los detenidos) no ha tenido nada que ver con su encarcelamiento".
El último en ser detenido fue el conocido actor etíope Debebe Eshetu, el pasado jueves, pero en esta ocasión por supuestos vínculos con otro partido opositor prohibido por el Gobierno, Ginbot 7 y que -siempre según la versión oficial- "planeaban un ataque terrorista conjunto".
Debebe saltó a la arena política en 2005, como parte del grupo opositor Kinijit, un movimiento que el gobernante Frente Revolucionario Democrático del Pueblo Etíope (EPRDF) de Meles percibió como una amenaza a su mandato.
Tanto el actor como varias decenas de opositores fueron acusados de traición tras las elecciones de 2005 y sentenciados a cadena perpetua, aunque fueron liberados en 2007.
El movimiento Ginbot 7 está encabezado por Berhanu Nega, alcalde electo de la capital etíope en los comicios de 2005, pero que fue encarcelado junto a Debebe, y que a su liberación emigró a los Estados Unidos, desde donde formó este grupo.
"Debebe Eshetu nunca ha estado asociado de ningún modo con Ginbot 7", afirmó Berhanu en un comunicado distribuido a la prensa por correo electrónico.
"Esta medida del Gobierno -agregó el exiliado- es otro intento más de aterrorizar al pueblo y someterlo".
Aunque el Gobierno etíope acusa a Ginbot 7 de haber "declarado abiertamente" el uso de la violencia para alcanzar sus objetivos, la página web del grupo opositor informa de que su misión es alcanzar el timón del país "a través de métodos pacíficos que se sustenten en la libre elección del pueblo".
Esta misma semana, el Ejecutivo de Meles ha acusado a dos reporteros suecos y a dos rebeldes de etnia somalí de actividades terroristas, después de haberlos detenido el pasado mes de julio en la inestable región de Ogadén (situada en el este, que también busca independizarse y rica en petróleo).
Otras cinco personas, incluidos tres periodistas etíopes, también fueron acusados de un delito similar, tipificado en las leyes antiterroristas del país.
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