Eurocop insta al Gobierno a respetar los derechos democráticos de la G. Civil

Madrid, 30 oct.- El Comité de Eurocop ha expresado hoy su desacuerdo con la actitud del Gobierno español de persistir en su intención de aplicar a los miembros de la Guardia Civil una legislación que limita severamente el trabajo democrático de los representantes de los agentes.

En una resolución, aprobada a petición de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Eurocop, que agrupa a 35 sindicatos representantes de medio millón de policías europeos, condena la determinación con la que el Gobierno español sigue "presionando" a los cargos representativos de las asociaciones.

Tras una reunión celebrada en Madrid el pasado 5 de septiembre entre la presidenta de Eurocop, Anna Nellberg, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, la representante de los policías europeos pensó que el encuentro había sido constructivo y que ayudarían a cambiar la situación restrictiva en cuanto a los derechos de los representantes y trabajadores de la Guardia Civil.

La AUGC subraya en un comunicado que en la disposición adicional del proyecto de ley disciplinario de las Fuerzas Armadas, a los trabajadores de la Guardia Civil, se les restringen derechos fundamentales reconocidos en la Constitución: de reunión, de reivindicación, de manifestación y de libertad de expresión.

Eurocop considera, en la resolución de hoy, que la norma del Gobierno español impide a las organizaciones de guardias civiles, asociarse con otros sindicatos, consultar y reunirse con políticos y hablar con los medios de comunicación.

Recuerda Eurocop al Gobierno español que en otros países europeos todos los sindicatos están autorizados de forma habitual a realizar estas actividades en representación de sus miembros, por lo que considera que la propuesta legislativa es una forma de amenaza potencial para todos los sindicatos españoles.

Por ello, desde Eurocop se pide al Ejecutivo español que reconozca que la medida propuesta es "antidemocrática e impropia" de un país europeo moderno y le reclama que desista de la aplicación de una ley donde se limita la capacidad de los guardias civiles de representar adecuadamente los intereses de 80.000 miembros.