La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha continuado este lunes la vista oral que está previsto que se prolongue hasta septiembre de 2017. Se juzgan delitos de fraude, malversación, prevaricación, falsedad, contra la ordenación del territorio, estafa, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y actividades prohibidas a funcionarios.
Martín Alba, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita 226 años de cárcel, ha dicho que "no tenía tiempo para leer las normas", apuntando que "alguna vez, cuando empezaron a surgir los problemas, sí empecé a preguntar, pero antes no". "Cuando entré en el Ayuntamiento era la forma rutinaria de conceder licencias, se daban sin más, como de forma automática", ha reiterado.
Ha asegurado a lo largo de su declaración a preguntas del representante del ministerio público que no tenía conocimientos de urbanismo --fue alcalde desde 1991 y antes fue ganadero, hizo "chapuzas de obras" y "cosillas" en el cante porque es aficionado--; y ha insistido en que no tenía conocimiento de lo que conllevaba la modificación del suelo.
"Le vuelvo a decir que mi actuación no fue nada más que la continuación de la forma de operar que había a lo largo de todos los años en la corporación, se lo he dicho muchas veces ¿Quiere que se lo diga de otra manera?. Era la forma de operar, yo daba la licencia sin más, como la dieron otros alcaldes y en otros sitios, que no era en Alcaucín solo", ha manifestado.
Ha reiterado que "nunca" leyó las normas subsidiarias --con unas 40 páginas, según el fiscal--, porque "no tenía tiempo, tenía otras cosas, otros menesteres porque el alcalde era el que tenía que llevarlo todo en el Ayuntamiento", apuntando que "no teníamos medios ni nada". A partir de 2002 o 2003 "me informaba en la Diputación con otros técnicos".
Sí ha reconocido que él pensaba que "si tiene la parcela más de 5.000 metros, se puede construir", siempre que no fuera suelo protegido, "lo demás no le puedo decir, porque no entendía". Respecto al secretario municipal, que estuvo acusado pero se conformó con los hechos, ha dicho que "tampoco sabía nada de urbanismo" y sobre un asesor acusado ha señalado que tenía una relación "cordial".
Ha querido dejar claro que en su etapa de alcalde se limitó a permitir "reformar la mayoría de viviendas que existían en el campo, ponerle los servicios de agua, alcantarillado, alumbrado público y teléfono", apuntando que "confiaba" en los técnicos que realizan los proyectos que se presentaban para obtener los permisos. Ha lamentado que no se hayan tenido en cuenta informes de la Junta andaluza.
El fiscal le ha preguntado por expedientes urbanísticos --que dan origen a los distintos apartados de la acusación-- y el exregidor ha respondido que algunos certificados "son falsos", porque no los firmó él, aunque aparece su rúbrica, y otros "en la carátula ni aparece 'Ayuntamiento de Alcaucín'".
CUESTIONES PREVIAS
La Sala ha analizado las alegaciones presentadas por las defensas y ha estimado la prescripción de delitos de cohecho y contra la ordenación del territorio por los que se acusaba a dos de los procesados, por lo que ambas han quedado fuera del proceso.
Esto supone que son 38 las personas que se juzgan, tras estas dos prescripciones de delitos y las ocho personas que se conformaron con la acusación, entre ellas el exsecretario municipal y las dos hijas del que fuera regidor.
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