El exembajador de España en la República Democrática del Congo Antonio Fernández de Mazarambroz ha negado este jueves ante la Audiencia Nacional que se lucrara con la autorizar de visados de nacionales de aquel país, un hecho por el que el fiscal solicita dos años de prisión y 17 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y cohecho.
En el escrito de acusación, el fiscal considera probado que desde 2012, siendo Antonio Fernández de Mazarambroz el responsable de la embajada, se produjo un "aumento injustificado de la llegada de nacionales congoleños a España". "El acusado", añade, "estaba autorizando visados a pesar de que no era su competencia".
Como ya hiciera en 2014 en la fase de instrucción ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, Fernández de Mazarambroz ha negado su participación en la autorización de visados y ha justificado ese aumento de llegadas en el cumplimiento de las directrices del Gobierno para incrementar las relaciones comerciales. "Los africanos no compran por internet", ha dicho, "venían porque tienen que ver y tocar antes de comprar".
Sin embargo, el fiscal recuerda que en 2012 trataron de entrar por el aeropuerto de Madrid-Barajas 319 ciudadanos de la República Democrática del Congo, de los que fueron inadmitidos 90 (el 28,1%) y, posteriormente, otro grupo de 89 nacionales trataron de hacer lo mismo y en esta ocasión fueron rechazados 53 personas (el 59,55%).
El representante del Ministerio Público ha señalado, de acuerdo a las inspecciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, que la embajada estaba incumpliendo la normativa cuando Fernández de Mazarambroz autorizó manualmente la expedición de estos visados en al menos dos ocasiones. En otras ocasiones habría mediado para saltarse los controles informáticos de un sistema llamado SIVICO.
"La embajada no ha empleado de forma sistemática el mecanismo de control establecido sino que las solicitudes han sido autorizadas manualmente, dejando en muchos casos toda la tramitación informática distorsionada con la imposibilidad de comprobar quién estaba autorizando realmente cada visado", señala el fiscal. El exembajador ha negado que tuviera acceso a este sistema informático por el que el abogado del Estado pide tres años de prisión, uno más que el fiscal, y doce de inhabilitación.
En el escrito de acusación, el Ministerio Público recuerda que en 2012 el exembajador creó el Círculo de Empresarios Hispano-Congolés (CEHCEN), teniendo entre sus actividades "gestionar las demandas de visados para viajar a España previo pago por adelantado". La cifra que pagaban los beneficados de este permiso rondaba los 3.000 euros, según la investigación en fase de instrucción.
El fiscal recuerda que, bajo el mandato de Fernández de Mazarambroz, la embajada incumplió "reiteradamente" lo establecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores en una circular de 2009 donde se ordena que la capacidad de los embajadores en materia de autorización de visados se limita a que éstos, por el cumplimiento de los fines de la política exterior de España, podrán ordenar la expedición de un visado de tránsito o estancia, "pero siempre por escrito y con carácter excepcional".
PRESIONES PARA INCULPAR AL EXEMBAJADOR
En este caso, la Fiscalía apunta a una alta expedición de visados y añade que el encargado de los Asuntos Consulares afirmó en varios ocasiones haber recibido presiones por parte del embajador para facilitar estos trámites, sumándose a estas presiones algunos de los miembros que formaban parte del Círculo de Empresarios CEHCEN, "quienes se habrían instalado durante un tiempo en la sala de juntas situada junto a su despacho y le traían listados de solicitantes recomendados por los mismos".
Este encargado de los Asuntos Consulares, José Luis Díez, ha sido señalado por una de las personas que formaron parte del Círculo de Empresarios CEHCEN. En su calidad de testigo, este último ha señalado que el diplomático medió para culpar al exembajador de la firma de visados.
Otros testigos, en este caso trabajadores de la embajada en el Congo, han confirmado que el aumento de visados coincidió con la firma del embajador, que llegó a publicitar la facilidad que suponía conseguir el permiso de viaje a través de grandes lonas colgadas de la fachada de la oficina en Kinsasa. También han negado que se pudieran conceder estos permisos sin la autorización o el conocimiento de Fernández de Mazarambroz.
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