Exigen castigo para los militares salvadoreños por el caso de los jesuitas asesinados

San Salvador.- Organizaciones sociales de El Salvador exigieron hoy, ante la unidad castrense donde se refugian nueve de los acusados, que la justicia castigue a los 20 militares procesados en España por la matanza de seis jesuitas en 1989 y que el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, "les retire su apoyo".

"Esperamos que tanto el presidente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Policía, se pongan a la altura de lo que la sociedad civil les está demandando, que es justicia en este caso", dijo a Efe una representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Loyda Robles.

"Los militares están en un destacamento militar, el comandante en jefe (de la Fuerza Armada) es el presidente de la República; entonces, a él le estamos pidiendo que les retire su apoyo a estos militares", agregó.

Funes, a quien en una protesta anterior varios organismos de derechos humanos acusaron de "encubrir" a los militares, dijo el sábado a la prensa que "la Presidencia de la República no tiene que estar encubriendo" a los procesados.

Unos 60 miembros de la Fespad, la Concertación Monseñor Romero, la Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia, y otras organizaciones, realizaron hoy un plantón pacífico ante la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador, donde los nueve militares se encuentran desde el pasado día 7.

Los manifestantes portaban mantas y pancartas con leyendas de reclamo de justicia en la masacre de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos de sus empleadas perpetrada el 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Funes dijo el sábado que el Ejecutivo ya hizo "lo que le correspondía" con la orden de detención contra los nueve militares y sostuvo que estos "en todo caso están en una situación de arresto, en ningún momento están refugiados".

Sin embargo, Robles señaló que "los militares no están capturados, sino que están escondidos, resguardados en este destacamento militar", pero deben ser "detenidos por parte de la Policía Nacional Civil y puestos a la orden del juez competente".

La CSJ sigue sin definir en qué condición jurídica se encuentran los nueve militares en la brigada castrense, y además debe decidir si procede o no una eventual petición de extradición por parte de España, que aún no se ha recibido, según la Cancillería.

Otro de los 20 militares acusados de la matanza, Inocente Orlando Montano, fue detenido ayer en Boston (Massachusetts) "por fraude en las formas de Inmigración", declaró hoy a periodistas la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, al confirmar la versión divulgada el martes por el diario The Boston Globe.

"Este militar está en Boston, está ya en los procesos de las cortes norteamericanas" y "dentro de los procesos que garantizan todas las leyes de los Estados Unidos", indicó la diplomática.

Aponte consideró que la "decisión en (el caso de) los jesuitas es un asunto interno de El Salvador".

"Tenemos mucha confianza en que el sistema salvadoreño hará sus decisiones a su tiempo y nosotros no tenemos opinión, respetamos el sistema salvadoreño", aseveró.

Un magistrado de la CSJ, Ulises Guzmán, dijo ayer que el caso de Montano está fuera de la jurisdicción salvadoreña y "dependería de la relación de España y Estados Unidos".

El juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional española, ordenó la detención de los militares salvadoreños el 30 de mayo pasado como parte de un proceso abierto en 2009.