Lima, 25 jun.- El exministro peruano de Justicia Aurelio Pastor será investigado por la Fiscalía de la Nación por un presunto tráfico de indultos y conmutaciones de pena durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011), informó hoy el Ministerio Público.
La apertura de la investigación preliminar contra Pastor fue anunciada por la Fiscalía a través de su cuenta en la red social Twitter.
Horas antes, la Procuraduría Anticorrupción envió al fiscal de la Nación, José Peláez, los documentos para que éste inicie las investigaciones contra Pastor, en su calidad de exministro de Estado.
El abogado de Pastor, Julio Rodríguez, calificó de "irregular" a la investigación fiscal, porque no habían sido notificados y además por ser su cliente un exministro con derecho a un antejuicio en el Congreso nacional.
El exministro peruano y abogado de profesión ya tenía en curso otra investigación de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias, al haber presuntamente ofrecido la reposición en el cargo a una alcaldesa procesada por la Justicia el año pasado, cuando ya no ejercía cargo público.
La nueva investigación contra Pastor se abrió dos días después de la detención del expresidente de la Comisión de Gracias e Indultos Presidenciales Facundo Chinguel, acusado por varios testigos de haber cobrado para otorgar indultos y conmutaciones de pena a sentenciados por narcotráfico, entre otros delitos.
Chinguel estuvo al frente de la referida comisión entre 2008 y 2010, durante el segundo Gobierno de García, y fue denunciado por el fiscal Walter Delgado por el presunto delito de cohecho activo.
Uno de los testimonios recogidos por la prensa contra Chinguel es el del exdelegado del penal de Lurigancho Carlos Butrón, alias "Brasil", que aseguró haber sido intermediario en el pago de 30.000 dólares hecho por los condenados por narcotráfico Henry Guzmán y Ramiro Castro para obtener la reducción de sus sentencias y ser excarcelados.
La Fiscalía investiga por este caso a 13 personas, entre exfuncionarios de justicia y testigos que denunciaron haber promovido el pago de dinero para obtener los beneficios penitenciarios.
El procurador anticorrupción, Julio Arbizu, explicó ayer que la Fiscalía hará "un análisis más riguroso de las conmutaciones de pena, pues, existen más de 5.000 (otorgadas durante el Gobierno de García), de las que el 25 % fue para condenados por tráfico ilícito de drogas".
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