Pujol, dirigente histórico de Cataluña, comparecía así por primera vez ante un magistrado de la Audiencia Nacional en Madrid, principal instancia penal española, junto con su esposa Marta Ferrusola, también investigada.
El jueves debe comparecer el mayor de sus siete hijos, Jordi Pujol Ferrusola.
El juez José De la Mata considera que "existen indicios de que los miembros de la familia Pujol Ferrusola han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos".
El juez cree que había "un reparto de cantidades multimillonarias entre todos ellos, en función de los ingresos que recibían en las cuentas bancarias ocultas" en el extranjero, que llevaba a cabo Jordi Pujol Ferrusola como "gestor y distribuidor de los recursos".
Pujol padre negó que las cantidades que tenía en cuentas en Andorra, pequeño principado pirenaico entre España y Francia, procedieran de comisiones ilegales cuando presidió la Generalitat (gobierno regional catalán) entre 1980 y 2003 o del supuesto entramado familiar.
El expresidente catalán insistió en que ese dinero procedía de una herencia de su padre que distribuyó entre su familia.
El legado inicial, de 140 millones de pesetas (unos 840.000 euros), habría crecido hasta alrededor de los 3 millones de euros, gracias a la labor de un buen gestor, según Pujol.
Añadió que se atribuyó la titularidad de una cuenta que abrió su hijo en Andorra para ayudarlo durante su proceso de separación, evitando que su exnuera pudiera tener acceso al dinero, según las mismas fuentes.
Según el juez, los fondos de esta cuenta, de la que Pujol padre dispuso hasta 2010 y que llegó a tener 1,14 millones de euros, no se justifican "con los ingresos ordinarios que hubiere obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años, presidente de la Generalitat (gobierno regional) de Cataluña".
Marta Ferrusola se acogió a su derecho a no declarar ante el magistrado, quién asumió la investigación empezada en Barcelona contra Pujol, su mujer y tres hijos por fraude fiscal y blanqueo tras su confesión en julio de 2014 de que ocultó dinero en Andorra.
En Barcelona, Pujol reconoció el fraude fiscal, pero insistió en la tesis de la herencia.
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